Dirigir bien el tiro
El Real Decreto Ley 6/2009 introducía afirmaciones discutibles sobre que las instalaciones del régimen especial podrían poner en riesgo en el corto plazo la sostenibilidad del sistema eléctrico. La primera consecuencia ha sido la paralización del sector, como corroboran los datos de la CNE.
Paralelamente, por primera vez en la serie histórica documentada, se ha producido, debido a la crisis económica y financiera, una disminución del consumo eléctrico que todavía no ha alcanzado su punto de inflexión.
Desde la Ley 54/97 la generación de electricidad es una actividad liberalizada. El empresario decide si invierte en centrales de carbón o gas. La regulación tampoco impide el desarrollo de una central nuclear. Son decisiones estratégicas empresariales que, lógicamente, implican riesgo.
El objetivo de renovables, en cambio, lo marca dicha ley, al recoger los acuerdos de la Unión Europea. También implican riesgos, que valoramos y soportamos los empresarios que invertimos en ellas.
Nuestro sistema eléctrico ha crecido sensiblemente en dos tecnologías, las centrales térmicas de gas (casi 23.000 MW en la actualidad) y la energía eólica (17.000 MW). Las renovables entran en el mercado a cero euros, como la nuclear, y entregan todos los kWh que generan. Otras tecnologías, como el gas y el carbón, con costes variables (combustible) entran las últimas y no siempre con la potencia y las horas que les gustaría a sus propietarios. æpermil;stos hicieron sus cálculos y compraron los combustibles para sus instalaciones y ahora ven que aquellos cálculos no se corresponden con la realidad actual. Solución: buscar culpables externos. Respuesta fácil y demagógica: "Las energías renovables son caras, intermitentes, necesitan apoyo de las térmicas, hacen inviable el sistema, etcétera, y hay que pararlas para que entremos en el sistema los que tomamos decisiones tiempo atrás".
APPA jamás ha cometido la imprudencia de atacar a ninguna tecnología para posicionar las que representa, simplemente ha defendido su parcela con esfuerzo. Quienes hoy las atacan, propietarios también de mucha potencia renovable pero cuyos intereses en combustibles fósiles pesan mucho más en su balance, ¿las van a parar o vender? ¿Dejarán de hacerlas en España? ¿Las harán en terceros países cuya necesidad o reglas de juego les parezcan suficientemente atractivas? ¿Allí las demonizarán o presumirán de ser campeones nacionales en renovables?
Es lógico que cada uno defienda sus intereses pero sin equivocar a la opinión pública falseando datos para apoyar sus tesis. Las renovables ahorran al país mucho más de lo que reciben. En 2008 ahorraron en importaciones de petróleo 2.725 millones de euros. Si no hubieran entrado en el mercado eléctrico, éste hubiera sido 4.900 millones de euros más caro y las toneladas de CO2 que evitaron habrían supuesto otros 500 millones de euros. Las primas recibidas fueron 2.600 millones. No contabilizamos el valor de las exportaciones, impactos sobre la salud, empleo, I+D, etc. ¿Todavía quieren seguir manteniendo que las renovables son caras? ¿Por qué? Las primas pagadas en la tarifa eléctrica son la primera fila de árboles del bosque y por eso se ven. Los costes de las tecnologías fósiles están en las filas de atrás, las pagamos con impuestos y por eso no se ven, pero claro que existen.
Estamos ante una polémica irreal. Las renovables se encuentran bajo un marco de legalidad, unos objetivos europeos y nacionales que están lejos de alcanzarse. Las energías limpias no llegan al 8% de energía primaria, cuando el año que viene tendrían que alcanzar el 12% (y suponen el 23% de energía eléctrica, incluida la gran hidráulica, siendo el objetivo de 2010 el 30,2%). En los próximos diez años debemos triplicar su participación, según la norma vigente en la Unión Europea y vinculante para España. Mientras tanto, las instalaciones que queman gas o carbón se han instalado por sus promotores bajo una ley que liberaliza su promoción, estando bajo su única y exclusiva responsabilidad tanto los beneficios como los quebrantos. Por cierto, las emisiones de gases de estas instalaciones superan en coste, bien por captura o por consecuencias, a las primas de las renovables.
En todo caso, es el Gobierno el que debería dejar bien clara su postura y cumplir con lo aprobado en Consejo de Ministros aunque, a veces, le cueste mucho asumirlo. Pero puede estar tranquilo, la mayor parte de la oposición o no quiere o no sabe demandárselo.
José María González Vélez. Presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)