El Gobierno reforzará el control sobre los contratos de obra municipales
Los contratos, convenios y licencias de obras públicas locales superiores a un año deberán ser aprobados por el pleno municipal para salir adelante, sin que baste el visto bueno del equipo de gobierno local.
El Gobierno utilizará la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para reforzar el control de los contratos de obra pública y potenciar así la lucha contra la corrupción urbanística. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, indicó este viernes la intención del Ejecutivo de adoptar nuevas medidas de control contra el fraude.
En la citada ley se incorporará la necesidad de que todos los contratos a largo plazo necesiten de la autorización del Pleno para salir adelante. Será insuficiente como hasta ahora el visto bueno del equipo de gobierno o la comisión correspondiente para ciertas obras. Los concejales en minoría podrán solicitar la comparecencia de los responsables municipales para aclarar todas las dudas que tengan sobre el desarrollo de proyectos, licencias, concesiones, servicios u obras públicas.
De la Vega recordó la reforma del Código Penal pendiente en el Parlamento, en la que incluirán otras modificiaciones en la sanciones por cohecho o tráfico de influencias.
Desde Bruselas, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero apeló al consenso político para adoptar otro tipo de medidas. El Partido Popular ya ha solicitado que se utilice el trámite parlamentario de la reforma del Código Penal para endurecer las condenas por estafa o cohecho en que estén implicados políticos.
Cañellas, imputado
Poco antes de que De la Vega tomara la palabra tras el Consejo de Ministros, la Fiscalía Anticorrupción interpuso una querella contra el ex presidente del Govern balear, Gabriel Cañellas (PP) relacionada con presuntas irregularidades en la gestión de la torre de Sant Elm, en el municipio de Andratx.
El juzgado de instrucción número 7 de Palma notificó a Cañellas la querella, en la que se le cita a declarar y al ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), el principal implicado en el caso, donde se investiga la trama de corrupción urbanística en ese municipio. En diciembre el juzgado tiene previsto citar a varias personas relacionadas con la Fundació Illes Balears y el Ayuntamiento de Andratx, en calidad de testigos.
Por otro lado, el juez Baltasar Garzón ordenó el viernes el ingreso en prisión de los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco y el ex diputado del PSC Luis García, tras comparecer en relación con la operación Pretoria contra la corrupción urbanística en Cataluña.
El magistrado, que ha adoptado esta decisión a instancias del fiscal anticorrupción Luis Pastor, ha decretado también el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 500.000 euros para los empresarios de la construcción Lluis Casamitjana y Josep Singla.
Límites a la solvencia de las concesionarias
El Ejecutivo aprobó el viernes el proyecto de ley de captación de financiación por los concesionarios de obras públicas. Se establece un nivel mínimo de solvencia financiera para poder optar a un contrato de concesión. Por ejemplo, se exigirá al adjudicataria que su volumen de recursos propios alcance al menos el 10% de las inversiones asociadas a la obra concedida. Además se limitará al 90% de la inversión total el importe de la deuda susceptible de titulizarse o hipotecarse. La norma recoge algunas de las reivindicaciones de la patronal Seopan. Así, se amplía la posibilidad de obtener avales públicos a cualquier instrumento de endeudamiento empresarial, no sólo a las emisiones de obligaciones. También se crea un régimen de silencio positivo para la autorización administrativa que debe obtenerse en la titulización de créditos.