Cajas más solventes y más eficientes
Los consejos de administración de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa aprobaron ayer la fusión entre las tres entidades catalanas. Se suma así a la otra operación en esa comunidad, la protagonizada por Caixa Sabadell, Terrassa, Girona y Manlleu. La situación del sector en Cataluña es ciertamente compleja. Primero por el número de entidades, diez sobre el total de 45 en todo el territorio nacional; segundo, por la disparidad entre ellas, tanto de tamaño -La Caixa no resiste comparación con Laietana, por ejemplo- como de gestión o titularidad. Y, por último, y mucho más preocupante, por la delicada situación por la que está atravesando alguna de ellas.
Nadie pone en duda la importancia, y la necesidad, de sanear el sector en España. La aprobación del FROB, pactado conjuntamente entre el Gobierno y el PP, es la muestra patente de ese consenso. La disponibilidad de financiación suficiente para poder afrontar con solvencia algunas de las fusiones más complicadas es una decisión acertada que permitirá, sin duda, renovar el sector. Pero hay que exigir que estos fondos, en gran parte públicos, se empleen de forma adecuada, con el fin de construir proyectos eficientes. La fusión aprobada ayer se asemeja más a una absorción de Caixa Tarragona y Manresa por parte de Caixa Catalunya, que aportará cerca del 80% del volumen de los activos de la futura caja. En círculos financieros se han mostrado críticos con una operación que a priori no parece que vaya a aportar muchas sinergias a la caja resultante. La confluencia geográfica de las tres entidades obligará al cierre de decenas de oficinas redundantes, lo que incrementará la rentabilidad de la capacidad instalada resultante, ahora a todas luces excesiva.
Aunque todavía se desconoce con precisión cuánto dinero solicitarán al fondo, se especula con unos 1.500 millones de euros. Si la mayor parte de este capital se destina a recomponer las ratios de solvencia y a dejar en su justa medida una entidad con suficiente masa crítica como para defenderse en los mercados de capitales, y con capacidad para conceder crédito con honestidad con el resto de competidores, habrá sido bien empleado.
Nadie ha expresado dudas ni suspicacias sobre la posibilidad de que fusiones dentro de Cataluña u otras regiones puedan generar proyectos sólidos. Pero el Banco de España debe velar, en todo caso, para que la financiación pública se emplee sólo si la solución escogida es la mejor de las posibles. Llama la atención el especial empeño político de solventar las crisis financieras dentro de un juego de fuerzas puramente regionales, como si el gentilicio proporcionase por sí mismo solvencia y eficiencia al negocio bancario. El fin último de la ayuda de los contribuyentes es conseguir entidades más rentables y seguras.