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Tribuna
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Proteger la creación ayuda al crecimiento

La mayoría de las economías de los países desarrollados basadas en la industrialización han dejado paso a un grupo de actividades relacionadas con el conocimiento y la información, que tienen gran incidencia en el progreso económico, cultural y científico, y en el fomento de la creatividad y la innovación. En su epicentro se encuentran las industrias culturales y los trabajos vinculados a la propiedad intelectual.

Nuestro Gobierno recientemente ha anunciado varias medidas para conseguir una nueva economía que potenciará la investigación y la innovación. Las industrias culturales y de contenidos desempeñarán un papel importante en este cambio de modelo productivo.

Según la Unión Europea, el sector de la cultura empleó en los Estados miembros a casi seis millones de personas en 2003 y supuso una media del 2,6% del PIB. En 2005, casi un millón de personas trabajaban en España en esta industria y su contribución al PIB rondaba el 5%.

Estos datos dejan ver que el conocimiento es una gran fuente de desarrollo económico y de riqueza, y la industria editorial es uno de los sectores que más contribuye a su dinamización y difusión. Cabe destacar que el sector editorial español es la principal industria cultural de nuestro país -también una de las primeras del mundo-, que emplea a 30.000 personas y su aporte al producto interior es del 0,7%

Por ello, fomentar el trabajo de la industria del libro supone incentivar uno de los principales sectores de la economía vinculados al conocimiento, y una de las medidas más necesarias es proteger los derechos de los creadores y de los editores.

La gestión colectiva de derechos de autor es una de las principales herramientas con las que cuentan los autores y editoriales, como industria cultural, para continuar contribuyendo al desarrollo económico a través de la creación y producción científica, técnica y literaria. Mediante este sistema, pueden controlar los distintos usos -facilitados por la tecnología- que se hacen de sus obras (complementarios a la venta de ejemplares, como la fotocopia y el escaneado) y ser retribuidos por ellos.

En España, la organización que se encarga de esta gestión es Cedro, y entre sus funciones se encuentra la de conceder licencias que autorizan la fotocopia o el escaneo de fragmentos de libros, periódicos y revistas de su repertorio, a cambio de una compensación económica que reparte entre sus titulares de derechos.

Gracias a estas autorizaciones, mediante la protección de los derechos de los creadores se favorecen las labores de formación, documentación e innovación de las organizaciones y se promueve la riqueza intelectual. Ambos beneficios impulsan la sociedad del conocimiento y la economía basada en ella. Proteger al creador y a la industria que lo sostiene significa incentivar la economía.

Magdalena Vinent. Directora general de Cedro.

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