El automóvil continúa en apuros
Las patronales del automóvil -fabricantes, importadores, concesionarios y talleres- han solicitado conjuntamente al ministro de Industria, Miguel Sebastián, que renueve el Plan 2000E. Según los datos que manejan, las ayudas a la compra de vehículos están prácticamente agotadas y declaran que en estos días, muchos compradores se pueden encontrar con que les niegan los 2.000 euros. Lo que supondrá una sorpresa para la mayoría de ellos, pues el Gobierno no ha alertado que los fondos hayan finalizado o que están a punto.
Si realmente se están negando ya aleatoriamente ayudas, como denuncian estas patronales, estaría justificado su temor a una caída abrupta de ventas. Por tanto, es urgente que el Gobierno aclare en qué momento estamos y si hay ayudas para todos los que las demanden. De no ser así, puede generarse un caos similar al de hace seis meses cuando el Gobierno cedió, tras varias semanas de incertidumbre, a las presiones del sector y de otros Gobiernos europeos y aprobó el Plan 2000E.
Y si es cierto que el plan toca a su fin, es preciso que el Gobierno despeje lo antes posible si lo renovará. Evitaría así confusiones que arrastren a posibles compradores a retrasar su decisión convencidos de que cederá nuevamente y prorrogará las ayudas. Una presunción con visos de certeza, pues el G-20, el FMI, la OCDE o el BCE han alertando del peligro de retirar los estímulos fiscales de golpe. Además, caben serias dudas de que las ventas de coches no se resintiesen sin apoyos fiscales, porque la gran virtualidad de estos planes es su efecto sicológico. En definitiva, las marcas estarían dispuestas a rebajar los coches en la misma cantidad para seguir vendiendo, pero el cliente lo asume como un descuento -y por tanto seguro-, frente a una subvención directa, que es un añadido.
Por tanto, si la decisión de Industria es renovar el plan, lo que parece muy conveniente, tendría ya que estar negociándolo con las comunidades autónomas y el sector. Sería un despropósito repetir la descoordinación de mayo cuando numerosos Gobiernos regionales, con Madrid a la cabeza, se negaron a aportar los 500 euros que les correspondía por cada coche que se comprase en su territorio. Ayudas públicas que, por cierto, han recuperado con creces tanto la administración central como la autonómica gracias al ingreso fiscal que les ha reportado cada venta.
Sin embargo, el sector debe asumir que las ayudas tienen fecha de caducidad. En España han perdurado lustros con la concatenación de sucesivos planes, lo que puede hacer pensar a las marcas que la excepcionalidad es realmente la norma. Los automóviles deben venderse sin subvención. De hecho, el sector ya está apoyado con dinero público desembolsado por distintos conceptos teóricos y un único objetivo: que no se destruya empleo. Y eso tampoco vale.