La sintonía público-privada puede ser de izquierdas
Intensificar la inversión pública para estimular la demanda, reactivar la economía y generar empleo. Esta receta keynesiana forma parte de la respuesta más genuinamente socialdemócrata ante la crisis. Los socialistas apostamos por aumentar la inversión pública en capital físico, en nuevas infraestructuras y modernos sistemas de transporte, para anticipar la salida de la crisis, para promover un nuevo patrón de crecimiento más productivo y sostenible y para profundizar en la vertebración territorial y social de España. En cumplimiento de tal estrategia, la inversión de Fomento registrará un récord histórico al finalizar este ejercicio 2009: más de 19.000 millones de euros ejecutados en ferrocarriles, aeropuertos, carreteras y puertos.
¿Cómo recabar nuevos recursos para mantener e incrementar este importante ritmo inversor? El aumento de las partidas destinadas a inversión productiva en los presupuestos públicos está limitado necesariamente por los techos de gasto aprobados en las Cortes y por el control del endeudamiento y el déficit. Los niveles de ejecución se acercan ya al 100% anual y estamos agotando las posibilidades de anticipar obra planificada. Es preciso, por tanto, acudir a las fórmulas de colaboración público-privada (CPP) para lograr la financiación, la construcción y la gestión de infraestructuras públicas que contribuyan al interés general. La corresponsabilización del sector público y las empresas privadas puede movilizar más de 15.000 millones de euros extras en esta legislatura con el objetivo común de vencer la crisis y aportar competitividad a la economía española.
La CPP ya se utiliza en España desde hace tiempo, y la decisión de profundizar significativamente en su utilización ha de depender de que seamos capaces de maximizar las ventajas y de minimizar los riesgos que nos ha mostrado la experiencia. La CPP permite incrementar el ritmo inversor en infraestructuras, diferir en el tiempo los costes iniciales de su construcción, obtener de forma inmediata las economías externas derivadas de su uso, transferir al sector privado parte de los riesgos asumidos, obtener de las empresas españolas la eficiencia y el valioso know-how que las caracteriza, evitar la afectación sobre el endeudamiento y el déficit público, etcétera. Ahora bien, en ocasiones la CPP se ha traducido en sobrecostes injustificados para el erario público, en obras inacabadas o servicios mal gestionados por una oferta temeraria o una planificación deficiente.
Los modelos CPP de aplicación en España y en el resto del mundo son de naturaleza muy diversa, desde las concesiones mediante peaje duro (al usuario) o en sombra (a la Administración), hasta el método alemán de pago aplazado, los pagos por disponibilidad, los préstamos participativos, los avales públicos, las sociedades mixtas, etcétera. Su virtualidad dependerá, insistimos, del cumplimiento de determinadas condiciones. Primero, la clara reserva por el Estado de la capacidad reguladora y controladora. Segundo, un marco normativo que encauce adecuadamente estas fórmulas, definiendo sus límites y condiciones. El anteproyecto de ley de captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas, recientemente aprobado por el Gobierno, constituye un buen paso en este sentido al facilitar el acceso privado a la financiación asegurando niveles mínimos de solvencia. Tercero, la existencia de instrumentos públicos funcionales abiertos a la CPP, como es el caso de la sociedad estatal Seittsa.
Para terminar, una idea: se echa de menos en España la existencia de una entidad pública al estilo del Private Finance Iniciative del Reino Unido, que sirva como núcleo aglutinante para analizar, fomentar y controlar este tipo de procesos.
Rafael Simancas. Diputado del PSOE. Antonio Romero. Consejero de Caja Madrid