Recuperar el valor de la propiedad intelectual
El pasado mes de junio, el Congreso de los Diputados acordó crear una Subcomisión en el seno de la Comisión de Cultura con el objeto de estudiar la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. El anuncio de esa reforma llega en un momento crucial, cuando la propiedad intelectual parece haber perdido parte de la consideración de la opinión pública. Este fenómeno tiene nombres propios: la injustamente denostada SGAE, el polémico e indiscriminado canon de copia privada y la problemática asociada a las descargas ilegales de música y películas.
En beneficio del conjunto de la sociedad hay que trabajar para revertir esa situación y que una norma que pone en valor la creación intelectual recupere la estima que nunca debió perder. Para resumir el estado actual de la propiedad intelectual en España, estamos de enhorabuena pero hay razones para la preocupación. La propiedad intelectual interesa cada vez a más sectores, desde importantes ámbitos empresariales que tradicionalmente se han desentendido de esta cuestión hasta el pequeño comerciante, pasando por las universidades que han desarrollado programas de estudios específicos, el poder judicial que ha creado juzgados especializados y, desde luego, los titulares de derechos y sus entidades de gestión.
Que la propiedad intelectual interese a tantos colectivos constituye un síntoma saludable como anuncio de un debate plural, abierto y constructivo, en el que no sobra nadie. El objetivo tiene que ser contribuir a mejorar el sistema para lograr un instrumento eficaz y moderno con el que impulsar la sociedad del conocimiento, revalorizar los planes de I+D+i y contribuir a una mayor oferta legal de obras y producciones intelectuales en internet. No obstante, detrás de los principios se encuentra la letra pequeña y ahí es donde se agudizan los conflictos. El primero será la selección de los asuntos que deben integrar la agenda para la reforma. Al igual que sucede con otros temas, también aquí serán muchos los llamados y pocos los elegidos, de ahí la importancia de priorizar desde el rigor y la prudencia, sin abrir más frentes que los estrictamente necesarios.
Sin embargo, hay temas cuya discusión resulta ineludible. Entres otros, la revisión de los límites y excepciones a los derechos, con especial atención a los que afectan a la educación, museos, bibliotecas y al límite de copia privada. El segundo tema es el sistema de fijación de precios de las entidades de gestión. Finalmente, habrá que estudiar si la protección de las interpretaciones audiovisuales es la adecuada o requiere alguna modificación para ajustarla al tratamiento internacional.
La orden ministerial que aprobó el listado de equipos y soportes sujetos al pago del canon de copia privada y su importe dejó insatisfechas a todas las partes implicadas. Pero lo más grave es que generó la impresión de que obedecía a razones de oportunidad política, y dejó de lado el criterio esencial de la compensación del daño efectivamente causado. El resultado es un canon indiscriminado, que se aplica a algunos equipos que no debieran estar en el listado y a todos los productos, con independencia de cual sea su destino. Estos factores deterioran el fundamento y la credibilidad de la propia institución de la copia privada, lo que debiera ser corregido.
La reforma del sistema de fijación de precios de las entidades de gestión no se puede aplazar por más tiempo. Estas organizaciones desempeñan un papel fundamental en la defensa de los derechos, pero en ocasiones sus precios han resultado excesivos. Se deben eludir postulados maximalistas que pretendan cambiar todo para que todo siga igual, y aquellos otros que pretendan reducir por sistema y continuadamente el precio de unos productos de alto valor añadido. Un mecanismo para asegurar la equidad sería la intervención de un órgano independiente, como la Comisión de Propiedad Intelectual, antes de que los precios sean aplicados, así como la incorporación del nivel de uso real de las obras como uno más de los elementos a tener en cuenta para su fijación.
En definitiva, la Subcomisión tiene ante si una excelente oportunidad para perfeccionar la normativa de propiedad intelectual, una labor ardua y compleja en la que habrá que buscar el equilibrio y conciliar los intereses de todas las partes afectadas.
Agustín González. Abogado y socio de Uría Menendez