Salarios en el juzgado
El pasado 8 de agosto de 2008, Richard Posner, en calidad de magistrado del 7th Circuit de EE UU, emitió un voto particular especialmente agresivo frente a una sentencia que desestimaba la acción de responsabilidad presentada por los accionistas del fondo de inversión Oakmark contra sus administradores, la compañía Harris Associates, por retribución excesiva e incumplimiento de deberes fiduciarios.
Posner, conocido por ser el padre del pensamiento económico del derecho de la Escuela de Chicago, argumentaba entonces que el mercado de los administradores de empresas es ineficiente, muy reducido, donde las estrechas relaciones personales entre sus partícipes impiden la fijación de unos salarios en términos de mercado.
La opinión de Posner contrastaba, no obstante, con la de la mayoría de la sala, encabezada por Frank H. Easterbrook, otra de las figuras más prominentes del análisis económico del derecho en EE UU, quien, en primer lugar, defendía que los jueces no eran las personas idóneas para juzgar qué debía entenderse por una retribución adecuada y, en segundo lugar, destacaba la intensa competencia existente entre los fondos de inversión que permitía a los accionistas disconformes con la administración castigar a sus administradores trasladando su dinero a otro fondo.
La sentencia es una clara representación de la brecha que, tras el estallido de la crisis financiera, existe actualmente en EE UU entre los defensores de las leyes del mercado y los que abogan por una mayor intervención pública en las relaciones privadas.
En este contexto resulta comprensible que el pasado 9 de marzo de 2009 el Tribunal Supremo de EE UU decidiese admitir a trámite el recurso presentado por los accionistas del fondo de inversión frente a la sentencia del 7th Circuit. Ello supone un hito procesal, pues es la primera ocasión en la que el Tribunal Supremo entra a valorar un caso de retribución de administradores.
El Tribunal Supremo, que juzgará la cuestión probablemente a finales de este año o principios del próximo, se encuentra frente a una gran encrucijada. Tras el estallido de la crisis financiera y los recientes escándalos sobre la retribución recibida por los directivos de determinadas compañías, una decisión favorable a los demandantes no sólo conllevaría un aumento directo de las acciones por responsabilidad sino que determinaría cuál es el papel, activo o pasivo, que deben desempeñar los tribunales en la revisión de decisiones empresariales.
El alto tribunal norteamericano se enfrenta, por tanto, a la que puede ser su primera gran decisión política desde que Obama alcanzara la presidencia: libre mercado o control público, he ahí la cuestión.
José Baño. Abogado del Área de Comunitario y Competencia de Pérez-Llorca