Un proyecto sin credibilidad
La presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2010, ayer en el Congreso, por la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, se convirtió en un nuevo capítulo de la ceremonia de la confusión a la que nos tiene acostumbrados últimamente el Gobierno.
Nadie duda de la complejidad de unas cuentas que deben casar unos ingresos mermados por la fuerte caída de actividad con unos gastos que seguirán creciendo por el pago del desempleo y de los intereses de la deuda. El Ejecutivo confía en que la economía repuntará a partir del segundo trimestre de 2010, lo que aliviaría el panorama. Eso sería un consuelo teniendo en cuenta que los ingresos tributarios de este año sufrirán un desplome de 45.000 millones, un 25%, sobre lo establecido en el Presupuesto inicial. Pero esta dificultad no justifica que las cuentas públicas para el año que viene adolezcan de un voluntarismo que les resta credibilidad y pone en duda su eficacia como instrumento para combatir la crisis y propiciar un cambio de modelo productivo.
Esto queda patente en su piedra angular, los ingresos, que aspiran a crecer un 8% sobre la previsión de liquidación de 2009. Tan optimista previsión se sustenta en que el IVA recaude un 26% más, unos 7.600 millones de los que, en el mejor de los casos, la subida de gravamen aportaría 2.500 millones. No se justifica semejante incremento con un consumo estancado y un desempleo creciente.
También genera suspicacia la supuesta austeridad en el gasto, a tenor del funambulismo del que hizo gala la vicepresidenta ayer. En unas ocasiones, comparó los datos del futuro Presupuesto con los del Presupuesto inicial de 2009 -totalmente desfasado por la realidad-, en otras con el homogéneo de 2009 -más ajustado- y, cuando convino, con el consolidado -incorporando las cuentas de la Seguridad Social, que rondarán los 150.000 millones-. Un galimatías que impide conocer si realmente el año que viene el gasto se reduce un 3,9% como defiende la ministra.
Pero si la credibilidad de las cuentas es preocupante, más lo es su falta de objetivos, pues en definitiva -y si nos salimos de las siempre defendibles políticas sociales- no quedan claras sus prioridades. Como un cajón de sastre, parecen servir a todos los fines si nos creemos al pie de la letra las palabras de Elena Salgado. La vicepresidenta resaltó que están centrados en combatir los efectos de la crisis tanto en las empresas como en los ciudadanos; pero también que sientan las bases para la recuperación, contribuyen al nuevo modelo productivo y de paso reducen el déficit por la contención del gasto y el incremento de los ingresos. En conclusión, demasiados frentes en lo que parecen más bien unos Presupuestos sin rumbo claro.
Si algo se echó de menos en las palabras de la vicepresidenta segunda fueron referencias explícitas y contundentes a medidas para crear empleo. A cambio, insistió en las políticas sociales tendentes a proteger a los desempleados mediante cobertura del paro.
Es algo desconcertante. La mejor política social no es el subsidio -necesario sólo mientras no haya otras fuentes de ingresos-, sino un puesto de trabajo. Y estos Presupuestos flaquean en medidas que favorezcan la reducción del paro. Para empezar, es llamativo que las políticas activas de empleo, las dedicadas a recolocar a los parados y formar a los trabajadores, reciban un recorte. La ministra lo justificó alegando que es el Ministerio de Trabajo el que determina cómo emplear los fondos. Pero no está de más recordar que esas políticas activas dependen de las Consejerías de empleo de las autonomías, mientras que el pago de las prestaciones sí está bajo la tutela de Trabajo.
Sorprenden igualmente las subidas de impuestos, que amenazan con enfriar más si cabe la economía y retardar la salida de la recesión. Y, por supuesto, es inexplicable que no se creen fórmulas para aliviar la situación de muchas empresas -no sólo minipymes- en dificultades. En este sentido, es difícil entender que la Seguridad Social mantenga un superávit de más de 2.000 millones de euros y, sin embargo, no se articulen rebajas, aunque sean temporales, que incentiven la creación de empleo.