Estudio Amnistía Internacional

España es el sexto país exportador de armas

España es el sexto país exportador de armas, según un estudio elaborado por Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Greenpeace y la Fundació per la Pau sobre las estadísticas oficiales de transferencias de armas en 2008, en el que también critican que el Gobierno "sigue sin facilitar información precisa sobre los criterios que han permitido autorizar exportaciones a países con un historial preocupante como Colombia, Israel, o Sri Lanka, entre otros".

Según el informe de las últimas estadísticas anuales presentadas al Congreso de los Diputados, en 2008 se realizaron transferencias de material de defensa por valor de 934 millones de euros, una cifra "ligeramente superior al año anterior a pesar de la crisis económica".

De este modo, España se sitúa por detrás de Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y el Reino Unido, con datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), que coloca al país como el sexto exportador mundial. Concretamente, en 2008, España autorizó transferencias de material de defensa, 'otro material' y armas de caza y tiro deportivo por importe de más de 3.000 millones de euros, casi el triple de las operaciones realizadas ese año.

Exportaciones que "pueden contribuir a cometer violaciones de los Derechos Humanos"

Así, las organizaciones recuerdan que "España exporta material de defensa a destinos en los que éste puede contribuir a cometer violaciones de derechos humanos, exacerbar conflictos armados o deteriorar su desarrollo sostenible". Entre estos casos, las ONG destacan "las ventas que España autorizó y realizó en el 2008 bajo categoría de 'aeronaves' a Colombia (110 millones de euros de licencias autorizadas y 31 millones de euros realizadas) o las autorizaciones de material de la categoría 'bombas, torpedos, misiles y cohetes' por valor de casi 4 millones de euros a Sri Lanka".

También es "preocupante" para los firmantes del estudio que el Gobierno, "aunque haya ofrecido explicaciones sobre el destino y material exportado, siga sin plantearse la urgente necesidad de suspender las exportaciones de material de defensa y doble uso a Israel (157.200 euros autorizados y 2,3 millones euros realizados en el 2008) hasta que no haya garantías fiables de que no se utilizarán para cometer violaciones del derecho internacional humanitario".

Por otro lado, señalan que el Gobierno "debe controlar escrupulosamente el destino y uso final de este material que se vende a África Subsahariana, principalmente a Ghana, país al que España vendió 2,8 millones de euros de munición de caza" y al que le ha vendido "15 millones de euros de armas y munición de caza desde 2004". "Hay que garantizar que este material no será desviado a países del entorno con situación de conflicto o post-conflicto en las que puede ser utilizado indebidamente, una preocupación que se hace más grave después de que el Gobierno haya reconocido que parte de esta munición se reexporta a Nigeria", señalan las organizaciones.

Reclaman el "pleno cumplimiento" de la legislación española

Por todo ello, las organizaciones reclaman "una vez más" al Gobierno "el pleno cumplimiento de la legislación española, la normativa europea y las obligaciones de España en virtud del derecho internacional a la hora de autorizar o denegar licencias de exportación de material de defensa y de doble uso".

En este sentido, recuerdan que, en los próximos días, la Comisión de Defensa del Congreso "debe aprobar un dictamen con recomendaciones al Gobierno sobre las estadísticas de exportaciones de armas", al tiempo que remarcan que "se trata de las primeras estadísticas anuales elaboradas por el Gobierno tras la entrada en vigor de la Ley de comercio exterior de material de defensa y de doble uso en España".

Las ONG instan a los diputados y diputadas a que "aprovechen este instrumento de control parlamentario para pedir más información sobre varias de las autorizaciones que tuvieron lugar en 2008 y propongan medidas que fortalezcan, incluso comenzando a reflexionar sobre un nivel preventivo, el control del comercio de todo tipo de material de defensa, doble uso y 'otro material', nunca que lo debiliten".

No obstante, las cuatro organizaciones promotoras del informe, valoran positivamente que las estadísticas anuales "incorporen los datos sobre las transferencias de armas de caza y tiro deportivo y sus municiones, sometidos a control por primera vez en 2008, e información sobre las razones que han motivado varias denegaciones de exportación".

Además, también ven con buenos ojos "el compromiso del Gobierno y del Parlamento español para poner fin a la fabricación y exportación de bombas racimo tal y como marca la nueva Convención para la prohibición de las bombas de racimo, que España ratificó el pasado 17 de junio".

Sin embargo, insisten en que "todavía hay un largo camino por recorrer para cumplir plenamente con la legislación". A su juicio, es "de especial preocupación" que el Gobierno "no facilite al Congreso de los Diputados información sobre los criterios que ha tenido en cuenta para dar luz verde a licencias de exportación de armas a países inmersos en conflictos armados, en contra de lo estipulado por la ley".

Un decálogo para "avanzar en transparencia"

El estudio de las ONG incluye un decálogo de propuestas cuyo cumplimiento "servirá de indicador de la voluntad del Gobierno de avanzar en materia de transparencia y control del comercio de armas español", según explicaron.

El decálogo propuesto incluye, entre otras medidas, que el Gobierno explique "cómo aplica los criterios existentes para autorizar o denegar una exportación de armas", que informe al Congreso "sobre el tipo de productos y usuarios de las armas exportadas" y que "dé garantías de que no hay riesgo de desvío o reexportación de las armas de caza y tiro deportivo y sus municiones a terceros países".

También solicita el decálogo la suspensión preventiva de exportaciones de armas a los países "donde haya un conflicto armado o pueda utilizarse para cometer violaciones de los derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario, aunque estuviesen autorizadas anteriormente". Por último, anima al Gobierno a desempeñar "un papel activo y destacado en el proceso de elaboración de un Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) y a continuar su política actual para eliminar las bombas de racimo".