El símbolo de la errática política económica
El proyecto de Presupuestos que aprobó el sábado el Consejo de Ministros y que mañana presentará la vicepresidenta segunda en las Cortes era una buena oportunidad para contribuir a la recuperación de una economía paralizada, pero puede convertirse en otro símbolo de la errática política económica que ejecuta el Gobierno desde que arrancó la crisis. En un afán redistributivo poco sosegado, las cuentas públicas intensifican la presión fiscal sobre todas las fuentes de renta, con la sola excepción de las empresariales, con el único objetivo de mantener un desbocado gasto social generado por derechos subjetivos consagrados en las leyes, pero incrementado deliberadamente en las últimas decisiones gubernamentales. Cuando más precisa la economía el impulso presupuestario para movilizar la inversión, especialmente aquella de naturaleza productiva y multiplicadora del empleo, es cuando comienzan a aparecer, aunque aún sin mucho detalle, los primeros recortes a los capítulos de la formación bruta de capital en infraestructuras o el resto de programas que pueden de verdad hacer girar el modelo económico del futuro. El corpus de la actividad económica no se cambia con discursos y buenas intenciones, sino con apuestas legislativas decididas y con el dinero público gastado para atraer el complemento multiplicador del privado.
A juzgar por las cuentas aprobadas el fin de semana por el Ejecutivo, da la impresión de que el presidente Zapatero no ha estado en la cumbre del G-20 en Pittsburgh. La declaración final allí firmada, también por el jefe del Ejecutivo español, compromete a sus miembros a mantener los estímulos fiscales durante todo el año 2010 para recuperar cuanto antes las economías. Pues sólo 24 horas después, el Gobierno ha puesto en marcha la rueda recaudatoria y ha subido los impuestos sobre el consumo (que es el 62% del PIB), ha elevado 400 euros lineales la cuota del IRPF a todos los contribuyentes y ha gravado más las rentas del capital (ahorro y plusvalías de toda naturaleza), desmontando en menos de dos años el acertado modelo de tipo único para estas rentas. Amén de debates cada vez más estériles sobre la supuesta progresividad de los impuestos, y sobre qué niveles de renta van a soportar más parte de la factura, el Gobierno ha echado sobre las espaldas de los asalariados un esfuerzo, seguramente también estéril, por recomponer las cuentas, con grave riesgo de retrasar de manera peligrosa una recuperación que aún no se adivina en el horizonte.
Zapatero ha optado por la receta contraria a la que están recurriendo países que atisban ya el repunte de la demanda, como Alemania, donde la propuesta de liberar recursos para el consumo y la inversión de la ciudadanía se ha convertido en la favorita de los electores en los comicios de ayer. Negar hoy que los impuestos son determinantes para las decisiones de la gente y que condicionan el devenir de la actividad es desconocer cómo funciona la economía. Al igual que una abultada deuda pública y su financiación detraen riqueza a la actividad productiva y convierten a los recursos del sector privado en un agente pasivo y desmotivado, una subida de impuestos ejerce similar efecto de crawding-out (efecto de exclusión) por adelantado, pernicioso siempre, pero devastador cuando las expectativas de consumidores y emprendedores son tan negativas como ahora.
Las cuentas respetan, eso sí, un pequeño alivio fiscal comprometido hace meses para las pymes (menos de 25 trabajadores y de cinco millones de euros de ventas), siempre que mantengan el empleo. Pero este es momento de generalizar las apuestas tributarias que incentiven la actividad, no de fraccionar y dosificar los estímulos. Además, los inversores, los empresarios, los emprendedores y los consumidores precisan de una visibilidad plena para tomar sus decisiones. No es coherente con tal planteamiento una reforma fiscal cada dos años, en la que la segunda corrige a la primera, porque se convertirá en el símbolo de una política sin un marco mínimamente estable. Tal cosa ha pasado con las rentas del capital, y tal cosa ocurrirá con la fiscalidad de la vivienda si ahora se da una tregua a los promotores retrasando la subida del IVA a julio, pero castigando las ventas de segunda mano desde el primero de enero y aseverando que en 2011 pasarán a mejor vida las deducciones por comprar una casa.