El alza fiscal ofrece una tregua a las promotoras y castiga a los particulares
La subida de impuestos sólo sirve para bajar tres décimas el déficit mientras se dispara la deuda La decisión del Gobierno de aplicar la subida del IVA a partir de julio de 2010 beneficia a las promotoras, ya que supone un incentivo para adquirir un inmueble antes del incremento fiscal. Sin embargo, los particulares que vendan una vivienda se encontrarán que la plusvalías obtenidas pasarán de tributar del 18% al 21% cuando superen los 6.000 euros.
Anunciar una subida del IVA reducido del 7% al 8% -gravamen que se aplica a la compra de vivienda libre- a partir de julio de 2010 supone una tregua al sector inmobiliario y podría paliar el exceso de stock, que es el principal problema de las promotoras. Los potenciales compradores de vivienda tienen ocho meses por delante para adquirir un inmueble nuevo con un IVA del 7%. Aun así, la virulencia de la crisis en el sector inmobiliario y el exceso de oferta dificultará a las promotoras trasladar el incremento fiscal al precio final.
En cualquier caso, los grandes perjudicados de los cambios fiscales son los particulares que decidan vender un inmueble. Hasta ahora, las ganancias obtenidas por la venta tributaban al tipo fijo del 18% en el IRPF. A partir del año próximo, los primeros 6.000 euros se gravarán al 19% y el resto al 21%. Es decir, la mayor parte de los beneficios obtenidos por los contribuyentes que vendan una vivienda tributarán al 21% en el IRPF, cuando hasta ahora lo hacían al 18%.
En este caso también se produce el llamado efecto-anuncio. Para aquellos que se debatían entre vender o no una vivienda, el incremento fiscal a partir de enero de 2010 se convierte en un incentivo para desprenderse del inmueble en los próximos tres meses y, así, no verse afectados por la subida de tres puntos en la fiscalidad del ahorro y las plusvalías. Sin embargo, suele ser habitual vender una casa para adquirir otra. Cuando eso ocurre, los contribuyentes pueden beneficiarse de la deducción por compra de vivienda, que permite sortear la tributación de las plusvalías siempre y cuando la casa adquirida se destine a vivienda habitual. Sin embargo, este beneficio fiscal desaparecerá en 2011, como recordó el sábado la vicepresidenta económica, Elena Salgado, tras aprobar el proyecto de ley de los Presupuestos del Estado de 2010. El Ministerio de Economía trabaja con la idea de suprimir la deducción a las rentas superiores a 24.000 euros. Si se confirma este umbral, casi cinco millones de contribuyentes podrían verse afectados.
Por otra parte, la subida del 18% al 21% en los impuestos que gravan el ahorro y las plusvalías afecta a los contribuyentes que obtengan dividendos. En este caso, también los 6.000 primeros euros tributarán al 19% y el resto al 21%. Aun así, Hacienda mantiene la exención para los primeros 1.500 euros de beneficio.
Con todo, el incremento de los impuestos al ahorro tiene un efecto recaudatorio bajo en comparación con el incremento del IVA o la eliminación de la rebaja de 400 euros en el IRPF. Así, el Gobierno estima que los ingresos adicionales por subir los tipos a las rentas del capital alcanzarán los 800 millones de euros. En cambio, el incremento del IVA reducido y del tipo general, que pasa del 16% al 18%, supondrá 5.150 millones. El tipo reducido del 7% se aplica a los servicios de hostelería y a la vivienda libre de nueva construcción, entre otros productos y servicios. El incremento del tipo general afecta a sectores como el del tabaco, el alcohol o el automovilístico. Aun así, la subida del mayor tributo indirecto no supondrá ningún efecto sobre el consumo, según el Gobierno, que mantiene las mismas previsiones que antes del incremento de impuestos.
La medida más importante en términos recaudatorios es la eliminación de la deducción de 400 euros en el IRPF, que permitirá al Estado ingresar 5.700 millones más. Por otro lado, la rebaja de cinco puntos en el impuesto de sociedades para empresas de menos de 25 trabajadores que mantengan o aumenten los puestos de trabajo y con una cifra de negocio por debajo de los 5 millones de euros supondrá para las arcas públicas dejar de ingresar 700 millones. Así, el conjunto de medidas tiene un impacto recaudatorio de 10.950 millones de euros. Sin embargo, parte de estos ingresos no se obtendrán en 2010 sino en 2011. Esto es así porque, entre otros motivos, las empresas ingresarán el IVA del último trimestre de 2010 en enero del año siguiente.
En cualquier caso, las modificaciones fiscales sólo permitirán rebajar en tres décimas -del 8,4% al 8,1% del PIB- las previsiones de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas el próximo año. El peso de la rebaja lo asume la Administración central. Las comunidades autónomas mantienen el objetivo de déficit en el 2,5% del PIB, a pesar de que les corresponde la mitad de los ingresos adicionales por el incremento del IVA.
Un objetivo ambicioso
El Gobierno mantiene que en 2012 estará en condiciones de cumplir el pacto de Estabilidad de la Unión Europea, que fija como máximo un déficit del 3% del PIB. Es decir, el Ejecutivo prevé que en dos años las cuentas públicas pasarán de arrojar un saldo negativo del 8,1% al 3%. Un objetivo muy difícil de alcanzar. Ningún Gobierno ha logrado en la historia reciente de España rebajar cinco puntos de déficit en sólo 24 meses.
Menos peso de la inversión productiva
El Gobierno defiende que los Presupuestos del Estado de 2010 priorizarán el gasto social y la inversión productiva, sin embargo, ambos capítulos han perdido peso. Así, la Administración central destinará el 51,6% del Presupuesto a gasto social, cuando en 2009 dedicó el 52,8%. Las inversiones productivas suponen el 6,3%, dos décimas menos que lo presupuestado este año.Los capítulos que ganan más peso son las transferencias a otras Administraciones, que alcanzan el 21% del total del gasto consolidado, casi un punto más que este año. Por otra parte, los costes ligados a la deuda pública alcanzarán el 6,6% del total del gasto, cuando en el Presupuesto de 2009 se situaba en el 5,2%. La situación económica y la caída de ingresos está obligando al Gobierno a incrementar la emisión de deuda pública, que en 2008 se situaba en el 39,4 del PIB y que en 2010 alcanzará, según las previsiones del Gobierno, el 62,5%.El gasto no financiero alcanzará en 2010 los 185.249 millones de euros, un 3,9% menos que el realizado durante este año. Sin embargo, la cifra supera en 27.000 millones el límite de gasto fijado en el Presupuesto de 2009, que debido a la mala evolución de la economía quedó en papel mojado. El Gobierno prevé que la Administración central gastará el próximo año 63.600 millones más de lo que ingresará.