El fiscal considera que 'los Albertos' fueron "víctimas de un engaño"
El fiscal calificó hoy de "evidente" la falsedad de la carta y consideró que Alberto Cortina y Alberto Alcocer fueron "víctimas de un engaño" por parte de los tres acusados que les proporcionaron la misiva utilizada en 2003 ante el Tribunal Supremo para pedir la revisión de la condena a tres años y cuatro meses de prisión por la estafa de Urbanor.
"Los señores Cortina y Alcocer son víctimas de un engaño", concluyó el fiscal, Lorenzo Bernal. "Existió una trama entre los tres acusados en la que valiéndose de un documento falso y una firma auténtica vieron la posibilidad de obtener un beneficio económico y se pusieron en contacto con el entorno de 'los Albertos' consiguiendo firmar un contrato", explicó.
El fiscal ratificó su escrito de acusación y mantuvo su petición de dos años y cinco meses de prisión contra los hermanos Javier y José María Arnáiz y la documentalista Gloria Álvarez por delitos de falsedad documental, denuncia falsa y tentativa de estafa procesal, durante la exposición de su informe final de conclusiones en el juicio de la carta falsa, que deja fuera de su acusación a 'los Albertos' y a sus abogados Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, también en el banquillo.
"Hubo un concierto total de voluntades, un concierto previo de los tres acusados, considerando la carta falsa, el contrato como una tapadera y los faxes como verdaderos", afirmó Bernal, en referencia a las pruebas documentales en las que se apoya la causa.
La falsedad de la carta la atribuyó a las "circunstancias de su aparición", depositada por una persona anónima en el buzón de la documentalista, días después del dictamen condenatorio del 14 de marzo de 2003 del Alto Tribunal. El fiscal calificó que el contenido del contrato de "carente de toda lógica y verosimilitud".
Por último, el fiscal consideró "válido y carente de toda irregularidad" el contrato firmado entre 'los Albertos' y los Arnáiz, por el que los segundos se comprometían a buscar pruebas exculpatorias a cambio del 20% de la indemnización por la absolución del 'caso Urbanor', un total de 4,5 millones de euros.
La carta, con fecha de 2 de octubre de 2000, estaba firmada por el arquitecto Pedro Sentieri y dirigida al constructor Julio San Martín, socios de 'los Albertos' en Urbanor. En ella, el arquitecto le daba instrucciones a San Martín para que ocultara al tribunal que iba a juzgar el 'caso Urbanor' que conocía la existencia de precios diferentes en la venta de los terrenos de Urbanor a la sociedad kuwaití KIO.