Sí a la subida de impuestos
La crisis económica actual ha desencadenado, como por otra parte era lógico, un desplome de la recaudación fiscal, lo que, unido al fuerte incremento del gasto, ha generado un déficit público elevado, aunque claramente cíclico y transitorio.
Frente a esta situación sólo caben dos soluciones a corto plazo, reducir drásticamente los gastos o elevar los ingresos mediante un cambio selectivo en la fiscalidad, o un mix de ambas, lo cual no siempre es fácil. Si uno analiza sosegadamente, y sin apriorismos o campañas publicitarias demagógicas y mentirosas, la historia económica reciente, prácticamente todas las fases bajistas en los ciclos económicos han provocado alzas de impuestos. Un ejemplo palmario fue la llegada al poder de Margaret Thatcher en Reino Unido en el año 1979, quien elevó significativamente la presión fiscal, especialmente la local.
El momento económico actual, por tanto, aconseja una subida de impuestos, pero sobre todo se impone una revisión absoluta del conjunto de la fiscalidad, en aras de una simplificación, y muy en particular de un análisis riguroso del coste-beneficio de todo el entramado tributario, tanto estatal como autonómico. Sin ser un agorero, y por mi experiencia adquirida, el resultado de este estudio será demoledor. La mayoría de beneficios fiscales, por cierto un recurso tan fácil como ineficiente en muchos casos, han tenido un efecto nulo, o incluso en algunos casos, perverso.
Llegados a este punto, el primer paso que se debería dar sería alcanzar un consenso político y social sobre la necesidad de cambiar la fiscalidad y llegar al convencimiento, mediante la pedagogía, de que es necesario un esfuerzo fiscal adicional, por supuesto selectivo y temporal, para salir de la crisis sin tocar la protección social. Esto parece una quimera en un momento como el actual. Por un lado, el consenso político con el principal partido de la oposición es imposible, máxime después de la campaña de intoxicación lanzada en los medios.
Por otro lado, a diferencia de los manifiestos que hubo sobre la reforma laboral, no han aparecido los brillantes economistas y fiscalistas que tenemos en este país para consensuar la necesidad de un cambio drástico en la fiscalidad, tan necesario o más que la implantación de un único contrato de trabajo.
Asimismo, es muy necesario también explicar a la ciudadanía que ya tenemos un grado de corresponsabilidad fiscal elevado, es decir las decisiones tributarias, tanto en materia normativa como en recaudación, cada vez dependen más de nuestras respectivas comunidades autónomas, y también de las corporaciones locales. Un ejemplo muy claro de hipocresía, y de manipulación grosera, es trasladar a la ciudadanía que el fuerte aumento del gasto social, provocado por el desempleo, el incremento de las pensiones, y la aceleración del gasto productivo para reactivar la demanda interna son caprichos del presidente del Gobierno. Este mismo razonamiento se puede extender, por tanto, al Ayuntamiento de Madrid que ha elevado los impuestos este año un 22%, incluso introduciendo tasas nuevas como la de basuras. Esto, que responde a las necesidades de recaudar más para intentar equilibrar el fuerte endeudamiento, y que sí castiga a las clases medias, podría ser también objeto de una campaña publicitaria. Por respeto, y por ahorrar en tiempos de crisis, el partido que sustenta al Gobierno prefiere dedicar sus esfuerzos a otras cosas.
El diseño de una fiscalidad ordenada, simple y eficiente es prioritario, y ello debe cumplir con algunos principios. El primero debe ser que la progresividad esté garantizada de verdad. El segundo, que el objetivo de incrementar la recaudación, como ya he comentado de forma transitoria en algunas figuras, pero permanente en otras, sea real. El tercero, y tal vez más importante, es que las rentas del trabajo y del capital estén equiparadas. Por último, que la fiscalidad prime de forma nítida la producción, la actividad y no sea una rémora para los emprendedores, empresarios, ni para los trabajadores.
Con estos principios, las bases de la nueva fiscalidad deberían ir en la dirección de simplificar el impuesto sobre la renta, con el objetivo último del tipo único, eliminar la desgravación por compra de vivienda, equiparar la imposición del ahorro y las rentas del trabajo, aumentar, en este caso por imposición desde Bruselas, del gravamen de hidrocarburos e impuestos especiales sobre alcohol y tabaco, incrementar la imposición a las Sicav, eliminar la mayoría de bonificaciones a la contratación de trabajadores que no han servido para casi nada y finalmente aumentar de forma limitada el IVA.
En resumen, un cambio drástico en la fiscalidad que permita recaudar más, con pocos incentivos, pero efectivos y especialmente perseguir el fraude fiscal y velar porque el diseño tributario cumpla con las premisas de progresividad, neutralidad y suficiencia recaudatoria.
Alejandro Inurrieta. Concejal en el Ayuntamiento de Madrid y profesor del IEB inurrietaba@munimadrid.es
