Los sindicatos proponen al Gobierno limitar la subida salarial de los funcionarios al 1% en 2010
CC OO y UGT han hecho llegar hoy a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, un documento en el que recogen sus demandas para el diálogo social en la Función Pública y en el que reclaman una subida salarial del 1% en 2010.
Además, en previsión de los desajustes que pueda sufrir el IPC, los sindicatos piden el establecimiento de una cláusula de revisión salarial que garantice el poder adquisitivo de los funcionarios durante el trienio 2010-2012, a operar para el conjunto del acuerdo durante el último año de su vigencia.
CC.OO. y UGT argumentan en este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, que han atendido a la situación económico-financiera actual y al principio de "solidaridad" al efectuar su propuesta salarial, en la que en ningún caso piden una congelación.
Por su parte, el coordinador del diálogo social en CSI-CSIF, Pepe Fernández, explicó a Europa Press que la propuesta salarial que hará su sindicato al Gobierno está muy en línea y es "bastante semejante" a la planteada por CC.OO. y UGT.
En principio, y teniendo en cuenta la actual situación de "precariedad" financiera que atraviesan las administraciones públicas, CSI-CSIF aceptaría que los sueldos de los funcionarios crecieran en los próximos años en función del objetivo de inflación (2%) e incluso no se opondría a que lo hicieran por debajo de esa cantidad (como ese 1% que proponen CC.OO. y UGT) siempre y cuando existiera una cláusula de revisión salarial que evitara la pérdida de poder adquisitivo y que actuaría al final de la legislatura.
Impulsar el estatuto y reducir temporalidad
En su documento, CC.OO. y UGT señalan que estas subidas retributivas que plantean serían al margen de las mejoras salariales conseguidas en los pactos o acuerdos firmados previamente por las diferentes administraciones públicas en el marco de sus competencias, entre ellas la dirigida a incluir la totalidad del complemento específico en las pagas extraordinarias.
Ambas centrales reclaman además el establecimiento de un acuerdo entre las distintas administraciones públicas para coordinar y "homogeneizar" las retribuciones de los empleados públicos, con independencia de la administración donde desarrollen su trabajo. También abogan por seguir impulsando los fondos de pensiones en las distintas administraciones, aunque se muestran a favor de eliminar la regulación que, con carácter básico, se realiza en la Ley de Presupuestos sobre la distribución de estos fondos.
El documento elaborado por los sindicatos pivota en torno a un acuerdo a tres años, lo que resta de legislatura, en el que no sólo se tratan cuestiones salariales, sino también de mejora de las condiciones de trabajo y de la negociación colectiva, entre otros aspectos.
Ambas centrales, junto al sindicato CSI-CSIF, se reunirán el próximo jueves, a las 17.00 horas, con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para retomar el diálogo social en la Función Pública y tratar de alcanzar un acuerdo.
Según una nota enviada hoy por el Ministerio de la Presidencia, este acuerdo debería impulsar la mejora de la calidad, la eficacia y la productividad de los servicios públicos, "y todo ello incardinado en el nuevo modelo de economía sostenible auspiciado por el Gobierno".
CC.OO. y UGT insisten en su documento en la necesidad de modernizar las administraciones públicas y de desarrollar el Estatuto Básico de la Función Pública (EBEP). En este sentido, reclaman que se adopten las medidas precisas para impulsar el desarrollo del EBEP en cada administración y sector.
Plan de jubilaciones anticipadas
Los sindicatos destacan la necesidad de hacer un diagnóstico sobre los recursos humanos del sector público a fin de "redimensionar y racionalizar" las plantillas existentes, eliminando la tasa de reposición de efectivos, al tiempo que demandan que se impulsen las medidas contenidas en el EBEP dirigidas fomentar el empleo estable y la reducción de las tasas de temporalidad hasta un máximo del 8%.
CC.OO. y UGT demandan además que a los empleados públicos les sea de aplicación la regulación sobre jubilación flexible y parcial contenida en la Ley General de la Seguridad Social, así como que se estudien los criterios necesarios para establecer un plan de jubilación anticipada dirigido a colectivos específicos y que tenga en cuenta tanto las necesidades de las administraciones públicas como los derechos de los empleados públicos.
Otro asunto pendiente y al que piden solución es el de desarrollar la estructura de la negociación colectiva surgida del Estatuto de la Función Pública y la fijación de criterios generales comunes y básicos con respecto a la evaluación del desempeño prevista en esta ley para avanzar en la configuración de la carrera y promoción profesional de los empleados públicos.
En el ámbito propio de la Administración General del Estado, además del desarrollo del Estatuto, CC.OO. y UGT reclaman una reducción ordinaria de la jornada ordinaria de los empleados de esta administración, desde las 37,5 horas actuales hasta un mínimo de 35 horas semanales, cuantificando la creación de empleo necesario para ello.