Zapatero rectifica y amplía a 700.000 desempleados la ayuda de 420 euros
Los parados que hayan quedado sin cobertura desde el 1 de enero de este año también se podrán beneficiar de los 420 euros mensuales pensados inicialmente por Trabajo para los que quedaran en esta situación a partir de agosto. Supone una ampliación de este beneficio a cerca de 700.000 personas, con un coste extra cercano a los 700 millones. José Luis Rodríguez Zapatero ordenó rectificar el martes cuando vio que su proyecto se quedaba sin apoyos políticos en el Congreso.
El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, tuvo ayer especial cuidado en colocar la medalla a los sindicatos. En su opinión, han sido UGT y Comisiones Obreras los que han llevado al Gobierno a rectificar ampliando esta prestación mensual de 420 euros a 700.000 parados más, aquellos que desde enero de este año perdieron cualquier tipo de ingreso. A nadie se le escapa que la cifra final puede ser más reducida ya que la percepción de este dinero estará condicionada a la obligación de ejercitar algún curso de formación, ocupación que no se podrán permitir aquellos parados sin prestación oficial que sobreviven, bien o mal, gracias a la economía surmergida.
En el supuesto máximo barajado por el Gobierno, el sobrecoste que supondría para las arcas de Hacienda extender este beneficio al 1 de enero de este año, frente al 1 de agosto previsto en principio, rondaría los 700 millones de euros. En doce meses se gastarían, pues, entre 1.200 y 1.300 millones. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, advirtió ayer que la ampliación de esta ayuda con efectos retroactivos al 1 de enero provocará un aumento del déficit sobre el 9,5% del PIB previsto para este año (ahora ya representa el 4,69%).
Pocos entienden en el Grupo Socialista las razones por las cuales el Gobierno aprobó el 13 de agosto un decreto ley de este alcance sin tener garantizados los apoyos en el Parlamento y ni siquiera contar con el respaldo sindical. UGT y Comisiones se negaron a avalar una medida que dejaba al margen al 85% de los parados sin cobertura y la mayoría de las fuerzas políticas de la oposición, el PP incluido, se sumaron también a la protesta. Una medida que el Gobierno llevaba meses estudiando a través de diversos departamentos y que hubiera podido reportarle algún rédito político ha sido finalmente sacada con fórceps en medio de un parto traumático que vuelve a cuestionar la pericia del Gabinete para lucir su política social.
Los parados sin cobertura desde enero tendrán que esperar para cobrar hasta final de año
El acuerdo alcanzado la noche del martes por el Gobierno con Esquerra Republicana, IU, IC, BNG, Coalición Canaria, Nafarroa Bai y CiU le obliga a tramitar como proyecto de ley el decreto que se convalidará el próximo día 17. Los diferentes grupos presentarán enmiendas y algunas de ellas, como las de IU, irán más allá de las intenciones del Ejecutivo. Su portavoz, Gaspar Llamazares, admitió ayer que aspira a convertir esta ayuda de 420 euros mensuales en una prestación indefinida para aquellos parados sin cobertura. ¿Quien se atreverá a suprimir esta prestación en el futuro?, se preguntó en alto.
Debido a la improvisación del Gobierno, quienes hayan agotado la prestación por desempleo a partir del 1 de agosto podrán acceder a estas ayudas a mediados de este mes. En cambio, quienes las agotaron a partir de enero, deberán esperar a que en noviembre o diciembre se apruebe el proyecto de ley.
Más de 11.000 expedientes resueltos
A pesar de las largas colas generadas a las puertas de las oficinas de empleo los días posteriores a la aprobación de la nueva ayuda de 420 euros mensuales a los parados que agoten la prestación, los datos oficiales indican que la demanda de esta renta no ha sido tan masiva, informa Raquel Pascual.Así, según las cifras oficiales facilitadas ayer, el pasado 31 agosto -tras quince días de vigencia de esta medida- se habían solicitado 20.000 de estas ayudas, de las que ya se han aprobado 11.000.No obstante, si se tiene en cuenta que el Gobierno calcula que en el mes de agosto habría unos 50.000 beneficiarios potenciales, ni siquiera la mitad de ellos habrían solicitado aún la nueva ayuda.De hecho, fuentes del Gobierno creen que muchos de estos beneficiarios, que actualmente trabajan en la economía sumergida, preferirán mantenerse en ella y "no retratarse" ante los servicios públicos de empleo y someterse a su control, asistiendo a cursos o rindiendo cuentas de su itinerario de inserción.Trabajo envía unas 2.500 cartas diarias a todos aquellos que van a agotar la prestación sin derecho a subsidio o el mismo subsidio en los siguientes diez días, para comunicarles que pueden solicitar esta renta. Hasta ahora ha enviado más de 100.000 cartas.