¿Subidas de impuestos?
El Gobierno ha despedido el mes de agosto con el anuncio de una subida moderada y coyuntural de los impuestos, cuya concreción se llevará a cabo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010. Lo cierto es que, ante un déficit público galopante, sólo caben tres tipos de medidas complementarias entre sí: incremento de la presión tributaria, reducción del gasto público o acudir a la deuda. Ahora bien, la primera debe plantearse no como una subida generalizada de los tipos de gravamen sino como una racionalización de nuestro sistema tributario.
Comenzando por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cabe plantearse la desaparición de los polémicos 400 euros, pues no ha cumplido con la finalidad pretendida. Si se quiere mantener algún tipo de ayuda a las clases más necesitadas basta con reducir el tipo mínimo de gravamen. Retocar al alza el que grava las rentas más altas no supone un incremento significativo de recaudación. Cuestión distinta es el aumento del número de tramos de la actual tarifa, ya que los cuatro actuales penalizan a las clases medias, que son además las que tiran del consumo y pueden crear más empleo. También puede elevarse el tipo del 18% que grava los rendimientos del capital mobiliario y las ganancias de capital. Sin embargo, no debe abandonarse el modelo dual que introdujo mayores dosis de neutralidad al tributo.
En paralelo a lo anterior habría que reducir la tributación aplicable a las actividades económicas, tanto en el IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades, siempre que se cumplan determinados requisitos relativos a la creación o mantenimiento de empleo, así como deducciones en I+D+i vinculadas a determinados resultados y con un mayor margen de seguridad jurídica en su aplicación.
La escasa incidencia recaudatoria del Impuesto sobre el Patrimonio no parece que deba motivar su reintroducción en el sistema. Otra cosa muy diferente es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, donde sería oportuno establecer un mínimo de tributación que impida las diferencias existentes entre Comunidades Autónomas.
Por lo que respecta a la tributación indirecta cabe retocar al alza los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido, que, comparados con nuestros socios, son de los más bajos de la Unión Europea, alejado el fantasma de la inflación. El efecto negativo sobre el consumo puede matizarse si las empresas son más competitivas, reduciendo sus márgenes de beneficio para no perder cuota de mercado. Además, se trata de una medida que no supondría un encarecimiento de nuestras exportaciones, tanto las que se destinan a los países de la Unión como a terceros Estados. En ambos supuestos, los productos salen de nuestro país sin carga alguna en concepto de IVA, siendo sometidos a gravamen en destino.
En todo caso, pues, habría que combinar esta medida con una bajada de las cotizaciones sociales, afectando parte de la recaudación a la caja de la Seguridad Social, pues la creación de empleo debe constituir ahora el objetivo prioritario de nuestra sociedad.
La política fiscal debe incentivar la salida del parón inmobiliario, lo cual exige una reforma en profundidad del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El juego de este tributo con el IVA hace que represente un sobre coste que, en muchas ocasiones, es contrario frontalmente al Derecho Comunitario. Por lo que respecta a los Impuestos Especiales, recordar, al igual que en el IVA, que nuestro país tiene unos tipos de gravamen muy inferiores a la mayoría de nuestros socios europeos, por lo que existe margen suficiente para una subida, teniendo en cuenta su finalidad extrafiscal. Más concretamente, debe atenderse a la función medioambiental que pueden y deben cumplir estos tributos. En todo caso hay que establecer medidas correctoras para que no se dañe la competitividad de determinados sectores, como por ejemplo el del transporte.
Por último, es preciso reformar algunas de las figuras de la imposición local. Sirva como ejemplo el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que deja de gravar las plusvalías obtenidas en menos de un año, pero utiliza parámetros objetivos para determinar la cuota a ingresar en lugar de hacerlo sobre la plusvalía realmente obtenida. También hay que plantearse el establecimiento obligatorio de contribuciones especiales cuando se llevan a cabo obras públicas que benefician directamente a un sector de la población.
La posible subida de la presión tributaria debe implicar el hacer más racional nuestro sistema tributario"
Javier Martín. Socio director de F&J Martín Abogados