Ampliar los subsidios no es suficiente
El Gobierno aprobó ayer, en reunión extraordinaria, la ampliación del cobro por desempleo para aquellos parados que habiendo agotado la prestación contributiva o el subsidio tengan rentas inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En cálculos de Trabajo, unos 340.000 desempleados recibirán 420 euros al mes por un plazo improrrogable de seis meses con un coste de 640 millones. A cambio, los beneficiarios están obligados a asistir a cursos de formación cargo de los servicios de empleo de las comunidades autónomas y que deberán financiar con sus presupuestos.
La medida tiene un marcado carácter coyuntural -ligado a la crisis- pues estará en vigor siempre que la tasa de paro esté por encima del 17%. Lo cual deja el plazo muy abierto, ya que se antoja difícil que la economía pueda crear a corto plazo empleo suficiente para descender por debajo de dicho umbral. Baste para ello recordar que sólo durante la crisis de los noventa la tasa de paro se mantuvo por encima de tal umbral durante la friolera de seis años. De hecho, de los 26 años transcurridos desde que el desempleo superó el 17% por vez primera, en 1983, ha estado por encima de esa cifra la mitad del tiempo, trece años.
Además, conviene vigilar desde la propia administración el carácter coyuntural de la medida, pues si perdura en el tiempo, puede entrarse en una espiral que acabe convirtiéndola en una prestación estructural. En definitiva, el mejor subsidio es la creación de empleo, y aunque la medida aprobada ayer aliviará situaciones de necesidad, puede tener el efecto indeseable de actuar como un desincentivo de la búsqueda activa de colocación. En todo caso, mientras la situación económica no mejore, la extensión de la prestación paliará el drama en el que empezarán a encontrarse cada vez con más frecuencia muchas familias que tras agotar su desempleo no dispondrán de ingresos estables.
Lo que no significa que no tenga claroscuros. La decisión de ligar la prestación a la formación es acertada ya que al tratarse de desempleados de larga duración, es más que probable que adolezcan de una cualificación adecuada para colocarse en plena recesión. Pero precisamente por ello, cabe preguntarse por qué no la han recibido mucho antes, máxime cuando la vicepresidente María Teresa Fernández de la Vega dio ayer por muy probable que con los cursos se podrán colocar en cuatro meses los afectados. Algo poco creíble. El éxito de esa formación estribará en dos aspectos: que sea de calidad y que se oriente a actividades con demanda. Por lo que sorprende que ayer no se presentase un plan sobre cómo se va a articular.
Las Comunidades Autónomas serán responsables de formar a los parados y se desconoce si habrá una coordinación entre ellas para fomentar las actividades con futuro o, por el contrario, se limitarán a seguir impartiendo los cursos actuales que dan resultados limitados. De seguir así, sería un retroceso en ese reto de cambiar el modelo productivo, cuya piedra angular será precisamente la cualificación.
Y los plazos para conseguirlo se están agotan. Francia y Alemania anunciaron ayer que avistan la recuperación, aunque no se sabe si el crecimiento de su PIB será duradero o remitirá tras el verano. España corre el riesgo de quedar rezagada, pues los motores castizos -construcción y turismo- no se recuperarán tan fácilmente. Si es cierto, como vienen anunciando organismos como el BCE o la Fed, que para 2010 la economía mundial volverá a la senda del crecimiento, la española tendría que ser capaz de empezar a ofertar productos y servicios que el resto de países estén dispuestos a comprar.
Ya no sirve más de lo mismo. El Gobierno está perdiendo un tiempo valioso en poner encima de la mesa las reformas estructurales que la economía precisa. El Consejo de Ministros analizó ayer un informe sobre la Ley de Economía Sostenible que, según el Ejecutivo, sentará las bases para ese cambio de rumbo. El Gobierno espera que se produzca un gran consenso (político y económico) alrededor de él. Pero si de verdad lo desea, el camino es el inverso: primero escuchar, después negociar y, por último, presentar un texto articulado, con un contenido equilibrado que reforme los mercados de oferta para estirar el crecimiento potencial de la economía y absorber cuanto antes las sonrojantes tasas de desempleo del país.