Ayudas a los bancos
La crisis ha llevado a muchos Gobiernos europeos a rescatar bancos y cajas para evitar su quiebra. Si el objetivo de estas ayudas públicas -conocidas como "ayudas de Estado"- es garantizar la estabilidad financiera, lo cierto es que distorsionan la competencia. Por ello, la Comisión Europea -encargada de examinar y aprobar las ayudas- ha publicado recientemente la Comunicación sobre reestructuración bancaria, para clarificar los criterios que determinarán hasta dónde pueden llegar los Gobiernos en sus ayudas.
Cada vez que un Gobierno salva a una empresa de la quiebra se altera el juego de la libre competencia, y por ello la Comisión utiliza criterios muy estrictos para limitar la "mano visible" de los Gobiernos.
Sin embargo, las especiales circunstancias del sector financiero a raíz de la crisis llevaron a la Comisión a adoptar un enfoque más flexible para evitar el pánico si éstos empezaran a caer. Ahora que la tormenta parece amainar, la Comisión ha definido con mayor precisión los criterios que aplicará al analizar las ayudas. Tanto los Gobiernos como las entidades financieras deberán esforzarse en probar que estas últimas merecen ser ayudadas.
Se exigirá que las ayudas vayan acompañadas de un detallado plan de viabilidad del beneficiario en un plazo máximo de 5 años (lo habitual es entre 2 y 3 años); de lo contrario, la Comisión abogará por su desaparición. Se obligará a bancos y cajas a contribuir a su reestructuración, aunque en menor medida de lo que se exige con carácter general en otros sectores. La Comisión propone por ejemplo la venta de activos, lo que conllevará una reducción del ámbito geográfico y/o de actividad del beneficiario, permitiéndose así la entrada de nuevos competidores. Por último, se controlará que las ayudas no sean utilizadas para obtener ventajas inmerecidas en el mercado, por ejemplo, ofreciendo productos financieros a precios con los que otros bancos más "sanos" no puedan competir.
Ayudar a la reestructuración de un banco en dificultades supone otorgarle una ventaja de la que sus competidores no disfrutan, y por lo tanto una distorsión de la competencia. La Comisión acierta al mantenerse firme en la aplicación de los criterios que garantizan la libre competencia, entendiendo no obstante que estas ayudas son en muchos casos imprescindibles para garantizar la estabilidad financiera. La posibilidad de obtener estas ayudas dependerá de la capacidad de bancos y Gobiernos de justificarlas y de demostrar la viabilidad a largo plazo del beneficiario. Tanto la actual Comisión -como su sucesora al final de año- van a tener que establecer un difícil equilibrio.
Álvaro Ramos/ Eduardo Cabrera. Abogados de Howrey LLP