El Gobierno inicia la transposición de las nuevas directivas sobre el CO2
El Ejecutivo presentó ayer dos anteproyectos de ley que modifican, entre otros, el comercio de derechos de emisión de gases contaminantes, eliminando las asignaciones gratuitas para las eléctricas a partir de 2013, y la regulación de los almacenamientos subterráneos de CO2.
España ha iniciado el trámite para dar entrada en el ordenamiento jurídico a tres directivas europeas sobre cambio climático. ElGobierno presentó ayer dos borradores de anteproyecto de ley para modificar, por un lado, el comercio de derechos de emisión de CO2 en línea con lo aprobado en Bruselas y, por otro, para detallar la norma que regirá los emplazamientos de almacenamiento subterráneo de CO2. Ambos se someten desde hoy a información pública, hasta el 30 de septiembre.
Ambas disposiciones pertenecen al paquete de medidas de energía y cambio climático aprobada por el Parlamento Europeo el pasado diciembre y están orientadas a cumplir con el objetivo europeo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20% en 2020 o alcanzar un 30% de reducción si otros países desarrollados se comprometen en lamisma dirección. La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, anunció ayer que la "intención" del Ejecutivo es llevarlas al Congreso de los Diputados "antes de fin de año". En el acto de presentación de los borradores participó además el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, y representantes de distintas direcciones generales del Gobierno.
La modificación del comercio de emisiones, "compleja por la cantidad de elementos técnicos que se modifican y la complejidad de los plazos", aseguró Ribera, supone primar la asignación de derechos de emisión de dióxido de carbono por subasta. Los ingresos se dedicarán a políticas contra el cambio climático.
Esta medida es de especial interés para las eléctricas que, a partir de la entrada en vigor de la directiva en 2013, dejarán de recibir derechos gratuitos de emisión. Sin embargo, se mantendrá una "asignación gratuita transitoria de derechos para determinados sectores industriales", afirmó Ribera.
La modificación empezará a funcionar en enero de 2013 con el fin de propiciar una reducción de emisiones en 2020 de un 21% respecto de los niveles de 2005. Con ella, desaparecen además los Planes Nacionales de Asignación (PNA).
La normativa prevé que se incluya al sector de la aviación a partir de 2012 para "todos los vuelos con despegue o aterrizaje en la UE". El director general de Aviación Civil,Manuel Ameijeiras, destacó el "compromisomedioambiental" del sector y la cooperación entre las partes, que "permitirá afrontar la lucha contra el cambio climático".
El otro borrador de anteproyecto presentado ayer se refiere al almacenamiento subterráneo de carbono, sentando las bases normativas que permitirán su desarrollo en España. Entre otras cuestiones, la norma plantea que la responsabilidad de dicho almacenamiento se transfiera al Estado a los 20 años del cierre de la instalación siempre y cuando el gas esté permanentemente cerrado y confinado. Marín destacó en este sentido la relevancia de estos sistemas de captura de CO2 "porque permiten mantener las actividades tradicionales de extracción del carbón sin perder el objetivo de la sostenibilidad".
Ribera concretó que se está realizando un "análisis geológico del país" para analizar posibles emplazamientos de almacenes y poder otorgar los permisos de investigación y las concesiones.
Las eléctricas se libran de la minoración
Los vaivenes del Gobierno han llevado en menos de dos años a la aprobación de dos reales decretos ley: el primero, para establecer la minoración de los derechos de CO2 que las eléctricas, aun recibiéndolos gratis, trasladan a los precios. Y el segundo, aprobado en abril, que eliminaba dicha minoración desde el 1 de julio.Ya en su día, cuando se fijó el primer Plan de Asignación Nacional de derechos de emisión, hubo voces contrarias a que se otorgaran derechos gratuitos, pues el método para saldarlos y el funcionamiento del mercado mayorista de la electricidad impedía hacer una discriminación previa. Dichas voces, entre las que se encontraban algunas eléctricas, consideraban más adecuado que los derechos fueran subastados entre las empresas. De este modo, el derecho era adquirido y ninguna norma podía impedir que su coste se trasladara a los precios. Este sistema de subasta es el que se instaurará a partir de 2013, según la propuesta de anteproyecto aprobada por el Gobierno.Queda por ver si Bruselas acepta el sistema de minoración español, pues, aunque ahora lo ha eliminado el Gobierno, fue denunciado en su día por Unesa ante la CE. Y aunque la patronal podría retirar la denuncia al haber conseguido su objetivo en España, la Comisión podría actuar de oficio y considerar válido dicho sistema de minoración.