Diálogo social

La CEOE asegura que hay margen para rebajar las cotizaciones de las empresas

La CEOE asegura que las arcas públicas podrían disponer de 15.302,89 millones de euros para asumir una rebaja de las cotizaciones por contingencias comunes de cinco puntos (2.500 millones por punto) y propone abrir una segunda fase de diálogo social desde el 1 de septiembre para abordar reformas estructurales, como la laboral.

Así se dispone en el documento de 16 páginas, elaborado por la patronal para matizar el último borrador remitido por el Gobierno a la mesa del diálogo social, que podría servir para desatascar las negociaciones.

La CEOE asegura que el margen presupuestario podría obtenerse, entre otras fuentes, de los excedentes de las mutuas y de las dotación de Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Además, argumenta que la reducción de cotizaciones permitiría crear más empleo y mantenerlo, lo que sumado al ahorro en las prestaciones por desempleo, incluso "representaría para el conjunto del Estado un ahorro".

Por otro lado, el documento de la patronal propone iniciar una "segunda fase de negociación" de reformas estructurales a partir del próximo 1 de septiembre, que abarquen la contratación, la flexibilidad interna de las empresas, la redoma de la negociación colectiva, la fiscalidad o el modelo energético.

Así pues, la CEOE "estima conveniente respaldar en este momento las decisiones que se tomen para hacer competitivas a corto plazo a las empresas y que esencialmente tienen un enfoque de reducción de costes", lo que, a su juicio, "es compatible con atender a las necesidades de protección social".

En este sentido, consideran necesario "afrontar la protección a las personas desempleadas más vulnerables" a través del subsidio de 420 euros mensuales.

Con todo, y a las vista de que podría cerrarse el proceso de negociación sin acuerdo alguno, la patronal se muestra asegura que "mantiene intacta su apuesta por el diálogo social", pero que "no es realista que el Gobierno espere acuerdos en todas las decisiones de política económica y social, muy en particular en las que puedan implicar sacrificios".

"En consecuencia, el acuerdo es deseable y debe perseguirse, pero no puede ser condición indispensable para la adopción de decisiones", sentenció.