Un plan para movilizar un sector varado
El Gobierno, su ministra de Vivienda, logró sentar ayer a los representantes de 123 entidades financieras en torno a un compromiso para financiar el Plan de Vivienda que entró en vigor en enero y culminará en diciembre de 2012, y que prevé cerca de un millón de actuaciones contabilizando el programa de adquisición de vivienda protegida, el alquiler, la compra de suelo para promoción y la rehabilitación. Con un presupuesto de 10.200 millones de euros de inversión, el plan pretende movilizar a 34.000 millones de euros, precisamente en el cuatrienio en el que la demanda de vivienda libre podría estar más paralizada por la crisis económica. Así, este plan público puede convertirse en un dinamizador del mercado cuando más lo necesita la economía, ya que una buena parte de sus actuaciones van destinadas a reactivar la venta de casas ya construidas, pero no vendidas, y otra a la rehabilitación de las zonas más envejecidas de las ciudades.
Además, los planes del Ministerio de Vivienda pueden auxiliar a colectivos cada vez más voluminosos de población que corran el riesgo de ser expulsados del mercado inmobiliario por dos vías, o bien por el encarecimiento de las casas, que ya ha comenzado a remitir en parte, o bien por el ajuste del empleo y la renta disponible generado por la crisis económica.
Pero el plan puede convertirse también en una tabla de salvación para muchas pequeñas promotoras que encuentren en él una salida a la acumulación de vivienda sin vender, fundamentalmente por la política bancaria cada vez más restrictiva con el crédito. La posibilidad de catalogar como vivienda protegida a promociones enteras varadas en el mercado por la crisis, con la política de avales del ICO para responder por la mitad del crédito concedido a los compradores, puede arreglar más de un problema empresarial, además de aliviar las ambiciones de miles de familias (más de 100.000, según Vivienda) que sin el aval público no lograrían que la banca comercial les concediese crédito para inversión residencial en estos momentos.
Y esa es precisamente la gran incógnita que queda por resolver: si la firma de ayer en torno a Beatriz Corredor se va a convertir en un cambio de actitud de los bancos y las cajas de ahorros, con la colaboración y mediación financiera del Instituto de Crédito Oficial, para flexibilizar y relajar definitivamente las condiciones de concesión de crédito, tanto en precio como en la exigencia de garantías. El Gobierno se ha quejado en distintos foros de que la banca no concede crédito, y las entidades financieras, de que los particulares no lo piden, como consecuencia de una quiebra de las expectativas de la marcha de la economía. Y esa es la actuación más urgente y más efectiva para desbloquear la política de vivienda: la recomposición del escenario de crecimiento.
