Confederación

La nueva del comercio no gusta a todos por igual

La Confederación Española de Comercio (CEC) cree que la nueva ley "pone en juego reglas más claras que tienen en cuenta el interés general" al tiempo que las patronales de distribuidores y supermercados advirtieron que puede generar "más conflictividad" y menor seguridad jurídica para los operadores del sector.

El secretario general de la patronal del pequeño y mediano comercio, Miguel Ángel Fraile, ha añadido que el nuevo marco legal contribuirá a la "cohesión económica, social y territorial y favorecerá el empleo", y ha asegurado que garantiza el "equilibrio" entre los diferentes formatos comerciales. En este sentido, valoró que la nueva Ley prime el interés general y no el particular de "determinados lobbies".

El proyecto de Ley aprobado hoy por el Gobierno facilita el libre establecimiento de servicios de distribución comercial, supone la liberalización del sector servicios y reduce los costes y trámites necesarios para abrir un negocio.

Además, según el Ejecutivo, la normativa "respeta" las competencias autonómicas ya que las CCAA serán las que establecerán un procedimiento de autorización que integrará todos los trámites necesarios cuando así lo exija específicamente un sector determinado.

Al respecto, la CEC criticó la posición de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) respecto a la norma, que considera que las comunidades autónomas mantienen su poder para regular el procedimiento de autorización para la instalación de establecimientos comerciales, lo que limita la competencia entre empresas y pone en riesgo el libre mercado. Según la Confederación, la CNC ha lanzado "una auténtica cruzada neoliberal" contra el sector comercial, y ha "confundido" la unidad de mercado con la unidad nacional.

Por su parte, las patronales de distribuidores y supermercados advirtieron hoy de que el proyecto de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, aprobada hoy por el Consejo de Ministros, puede generar "más conflictividad" y menor seguridad jurídica para los operadores del sector.

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) sostiene que "al renunciar a fijar, con carácter de mínimo, un concepto de gran establecimiento comercial aceptado por todas las comunidades autónomas, esta norma pierde una buena oportunidad de ayudar a reducir el coste de la regulación que soporta el sector comercial, lo cual sería especialmente importante en un momento de crisis".

Asedas, que representa a Mercadona, Dinosol, El Arbol, Ahorramás y Condis, entre otras cadenas, señaló que tampoco se han establecido unas "condiciones mínimas" de cumplimiento de la Directiva de Servicios.

Según dijo a Europa Press el director general de la asociación, Ignacio García Magarzo, esto "supone un riesgo añadido de que exista más conflictividad y menor seguridad jurídica para los operadores", por lo que confió en que la tramitación parlamentaria permita "mejorar estos aspectos de una norma que es esencial para la competitividad del comercio en España".