El acuerdo entre Economía y el PP salva el fondo de rescate de la banca
El Gobierno y el PP demostraron ayer en el Congreso que son capaces de ponerse de acuerdo en algo cuando están en juego intereses superiores. En este caso, eran los de la banca y el principal partido de la oposición carecía de margen para tumbar el plan de rescate elaborado desde el Ministerio de Economía y el Banco de España. Semanas de negociaciones entre las dos partes fructificaron en un acuerdo al que se opuso el resto de grupos parlamentarios.
La permeabilidad demostrada en esta negociación por la vicepresidenta Elena Salgado y por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha hecho posible responder en el decreto ley convalidado ayer a algunas de las principales objeciones expuestas por Cristóbal Montoro y Álvaro Nadal, los principales negociadores del PP. De esta forma, Economía ha dado su aprobación a que el Congreso controle a posteriori cada operación de rescate autorizada por el Banco de España, a que se establezca como obligación la búsqueda del menor coste posible para las arcas del Estado en las ayudas que se canalicen a la banca, a que se tenga en cuenta la opinión de la Comisión Nacional de Competencia y a que se establezca la revisión de las responsabilidades de los gestores en todos los supuestos de reestructuración.
Hay también aspectos en los que la opinión del PP no ha sido tenida en cuenta por el Gobierno. Ha sucedido así con el rechazo a la eliminación del veto autonómico para cualquier tipo de fusión y con la negativa a precisar, más aun de lo que lo hace el decreto, los procesos de recapitalización de las entidades y las condiciones de reestructuración. Pese a todo, el PP respaldó ayer la convalidación del decreto y ni siquiera se sumó a las peticiones de algunos grupos de la oposición para que se tramitara como proyecto de ley. La razón esgrimida por Álvaro Nadal tiene su lógica: "Sería una irresponsabilidad generar más incertidumbre".
El papel secundario otorgado por el Ministerio de Economía al resto de los partidos en la negociación del decreto condujo a casi todos ellos a oponerse a su convalidación con diferentes pretextos. Josep Sánchez Llibre (CiU) alertó de la invasión de competencias autonómicas sobre las cajas y del riesgo de que el decreto no resuelva el acceso al crédito de familias y empresas. Pedro Azpiazu (PNV) consideró que el decreto se "salta a la torera" los estatutos de autonomía. Joan Ridao (ERC) opinó que esta norma conducirá de forma inexorable a la "privatización de las cajas de ahorro" una vez que "el Banco de España y el Ministerio de Economía han tomado todo el poder". Gaspar Llamazares (IU), representante de una de las formaciones que más problemas de financiación han encontrado en las últimas campañas electorales, cree que el decreto "no contiene medidas de fondo para detener la hemorragia" que sufre el sistema financiero.
El voto favorable del PP no equivale, señaló Cristóbal Montoro, a un cheque en blanco al Gobierno. El principal partido de la oposición no sólo examinará con lupa todo el proceso sino que no renuncia a una futura reforma de la ley de Cajas de Ahorro si gana las próximas elecciones generales, ya que la sigue considerando necesaria.
La vicepresidenta Elena Salgado advirtió ayer que, de no haber prosperado el fondo de rescate, el sector financiero hubiera sufrido un "quebranto" difícilmente asumible, a pesar de que ninguna de las entidades que podrían tener problemas en los próximos meses representa un riesgo sistémico. Para Cristóbal Montoro, la gestión del fondo todavía es una incógnita. "Esperemos que el gobernador esté a la altura de las circunstancias", señaló.
Reforma en Londres
El Gobierno británico anunció ayer sus planes de reforma del sector financiero, que incluyen una ampliación de los poderes de los organismos supervisores y el endurecimiento de la normativa bancaria.Una de las medidas que se quiere adoptar en el país europeo que más ha sufrido la crisis financiera es dar poder a la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) para intervenir ante comportamientos arriesgados y penalizar malas prácticas de los gestores. Se creará además un consejo de estabilidad financiera, integrado por miembros de los principales organismos de control del sector, el Tesoro, el Banco de Inglaterra y la FSA, que se encargará de evaluar riesgos sistémicos.