Rehacer el equilibrio en las cuentas públicas
La profunda crisis que se ha extendido por todo el planeta desde hace casi dos años ha obligado a los Gobiernos a aplicar intervenciones de un calado nunca visto en la historia económica. La recuperación del impacto de esos enormes esfuerzos presupuestarios sobre las cuentas públicas va a exigir también medidas extraordinarias. Mientras la crisis se extendió, se trataba de apagar el fuego como fuera. Ahora, en una imagen gráfica ya común, se trata de drenar el agua para que el remedio no produzca efectos indeseados sobre el edificio de la economía.
En el caso español, donde además la crisis inmobiliaria añadida se ha cebado con crudeza en el empleo, se ha producido un efecto en cadena que se manifiesta de lleno en el hundimiento del consumo privado y, consecuentemente, de la recaudación fiscal. El desplome de esta y las importantes inyecciones presupuestarias para recuperar la anémica actividad llevarán el déficit público al entorno del 10%. ¿Cómo se va a financiar?
Una de las características originarias de esta crisis ha sido el sobreendeudamiento. Pero, mientas el sector privado lo está recortando, los Estados han disparado su deuda a gran velocidad. En el caso español, y aunque hoy no se esté dando, esto podría llegar a repercutir negativamente en las emisiones privadas. En todo caso, una de las soluciones incontestables para rehacer el equilibrio presupuestario está en el recorte estructural del gasto. En este sentido, resulta imprescindible una reducción en el coste de la función pública, tanto desde el punto de vista de su estructura como de la remuneración a los funcionarios. Para ello es también ineludible que las comunidades autónomas se apliquen a un rigor en el gasto del que hoy carecen casi en su totalidad. El nuevo acuerdo de financiación autonómica que se perfila estos días -y que el Gobierno quiere cerrar este mismo mes- será completamente ineficaz si no incluye planes rigurosos de disciplina fiscal y control del gasto. Algunas comunidades han gastado de forma que algún experto llega a calificar de "salvaje". Una restricción general del gasto autonómico sería consecuente con la situación, pero sin olvidar que buena parte está comprometido de antemano, mientras los ingresos se han visto afectados por la negativa coyuntura.
El recorte del gasto es una de las formas de bajar el déficit hasta el 3% comprometido para 2012 en el Plan de Estabilidad pactado por el Gobierno con la Comisión Europea. Parece evidente que la duración de la crisis y las reformas que se emprendan para combatirla serán básicas para que la economía española no vuelva a caer en el pozo de que el servicio de la deuda sea el principal capítulo de gasto en los Presupuestos.
El Ejecutivo debe presentar a la vuelta de verano un bloque de reformas fiscales. No existe consenso sobre los cambios impositivos cuando se habla de Sociedades -cuyo recorte propugna el principal partido de la oposición-, ni en cuanto al IRPF -que, no obstante, se debería simplificar y limpiar también de sus múltiples deducciones y desgravaciones-. Donde sí crece el consenso es en las posibilidades que ofrece la tercera gran pata tributaria, el IVA, para ayudar a contener el déficit. España tiene margen con respecto al impuesto sobre el valor añadido, cuyo tipo general es de los más bajos de la Unión Europea. Ese aprovechable margen choca con la apreciación por el Gobierno de que un aumento del IVA afecte negativamente al consumo y lo frene aún más. No ocurrirá así si se realiza de forma escalonada.
Aunque parece existir el convencimiento de que lo peor de la crisis ya ha pasado, los expertos consultados por CincoDías coinciden en que la economía va a vivir tiempos difíciles tanto en las cuentas públicas como en el empleo. Es en este último campo donde aún hay mucho por hacer. El mercado laboral presenta un indeseable modelo procíclico que urge corregir. Y tiene que hacerse con mucha más celeridad de la que ha demostrado hasta ahora el diálogo social. La fuerte segmentación, las rigideces que impone la negociación colectiva, en la que no funcionan las cláusulas de descuelgue, la burla al espíritu de la ley en muchos casos, la imposibilidad real de retribuir en función de los méritos... son trabas que incrementan el déficit de productividad de las empresas. Sólo con avances ambiciosos en este campo, que tengan como objetivo la eficacia y el empleo, se resolverá este grave problema, que también lo es de las cuentas públicas.