Hacia un mercado laboral menos segmentado
Aunque no figuraba como eje central del debate previsto, el tema de la reforma laboral ocupó buena parte del mismo. Los cuatro expertos coincidieron en reclamar reformas estructurales para hacer frente a la crisis y al menor crecimiento potencial que se podrá esperar una vez se supere. Entre ellas, la más urgente, a su juicio sería la que afecte al mercado de trabajo. Jonás Fernández califica el actual modelo laboral como "procíclico", porque lleva a movimientos del empleo mucho más acusados en relación a los del PIB que los que se registran en la media de la Unión Europea. Ese fenómeno llevó a que se crearan tres millones de puestos de trabajo durante la anterior legislatura, y también a que ya se hayan perdido 1,3 en los últimos doce meses.
Fernández sostiene que la fuerte segmentación del mercado, con un 30% de contratos temporales, genera un déficit de productividad derivado de la baja formación. Una de las áreas de actuación, con la que coincidieron los otros tres contertulios, sería por tanto la convergencia de las modalidades actuales hacia un contrato con indemnización más baja. En torno a 20 días, apuntó Fernando Eguidazu, "aunque que sean 20 ó 25 no es lo más importante".
José Carlos Díez destacó, por su parte, que buena parte de los actuales contratos temporales burlan el espíritu de la ley, por lo que deberían limitarse a los de obra y servicio. Y defendió de forma vehemente la necesidad de modificar el mercado de trabajo, apelando al futuro de los jóvenes que hoy se están formando.
El otro punto fundamental de reforma en el mercado laboral sería el de la estructura de la negociación colectiva, cuyas cláusulas de descuelgue, según Fernando Eguidazu, no funcionan. Igualmente, el responsable del Círculo de Empresarios sostiene que la existencia de "una estructura rígida por categorías" impide retribuir a los empleados de acuerdo con sus méritos.
El acuerdo fue menor en lo tocante a una posible reducción de las cotizaciones que los empresarios pagan a la Seguridad Social. Eguidazu recuerda que los gastos de personal no salariales rondan el 30%, lo que, a su juicio, supone "un impuesto para el trabajo".
Fernández, al igual que Díez, manifiesta "serias dudas" respecto a la conveniencia de recortar las cotizaciones sociales, dadas las perspectivas sobre la caja de la Seguridad Social. "Sólo si se liga a una revisión completa del Pacto de Toledo, que garantice la sostenibilidad de las pensiones, podría abordarse un recorte de los ingresos". En este sentido, Eguidazu calificó de "estafa" el Pacto de Toledo: "es como ingresar en un club en el que pagas una cuota hoy y no te dicen cuánto vas a cobrar en el futuro".