Agravios comparativos

La expresión agravios comparativos, que ha formado parte del léxico político desde hace décadas, trae causa de la penosa retribución económica de los maestros, por mucho que su función se considerara casi sagrada. De ahí el tópico tan acuñado de "pasar más hambre que un maestro de escuela".

Luego los agravios comparativos proliferaron al saberse que un policía nacional o un mosso d'esquadra ganaba mejor que un guardia civil o que un juez ganaba menos que un registrador de la propiedad.

Ahora, en la recta final del 15 de julio, fecha en la que deberán concluirse las negociaciones para la financiación autonómica, volvemos otra vez a las andadas de los agravios comparativos. La última ocasión la ha suministrado el presidente del Gobierno al inaugurar la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat cuando dijo que "Cataluña recibirá por primera vez una financiación per cápita por encima de la media del conjunto del Estado".

La afirmación parecía dar por hecho que al fin se cerraría el nuevo sistema pendiente de acordarse con las comunidades autónomas. Pero, enseguida, se han escuchado los avisos del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y del de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

"Queremos corregir el sistema y modificarlo para terminar con las desigualdades; pero si esta reforma genera desigualdades distintas, Andalucía va a decir que no", se le ha escuchado a Griñán. "Me quedé preocupado sobre las palabras de Zapatero porque las comunidades de rentas bajas no van a financiar a las de rentas altas, eso no lo vamos a aceptar", ha señalado Núñez Feijóo. Y Fernández Vara ha urgido a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se acabe de marear la perdiz y todos sepan de qué se trata.

Además, corriendo por otra banda, en declaraciones a la Cadena SER, aparece Rosa Díez, de UpyD, y reclama que se aclaren las consecuencias que el sistema del cupo vasco y navarro tiene desde el punto de vista de la igualdad, de la cohesión y de la competitividad. Díez añade que un país que va improvisando sin saber cuál es el destino final del proceso de modificación territorial es un desastre, y se pregunta qué modelo de financiación tenemos cuando para Cataluña se basa en el PIB, para Andalucía en la población, para Castilla-La Mancha en la dispersión, para Asturias en el envejecimiento y así sucesivamente.

Se confirma así que la suma de las promesas presidenciales genera agravios comparativos. Porque si algunas comunidades recibirán por encima de la media del conjunto del Estado, otras quedarán de modo inexorable por debajo de esa misma media. La aritmética en este punto es imbatible, con independencia de la validez de los argumentos que ameriten la consideración ventajosa atribuida a algunas comunidades y de lo que dispongan sus respectivos Estatutos en el terreno de la financiación.

Todo ello además sin perjuicio de que esa deferencia favorable responda a la peculiar justicia de las madres que, según Ortega y Gasset, consistía en tratar de modo desigual a los hijos desiguales. Porque, de otra parte, ese proceder materno se basaba en una autoridad fuera de discusión, mientras que ahora está por ver que ése vaya a ser el caso cuando los presidentes autonómicos comparezcan una vez llamados a capítulo.

Mientras, ha empezado la cuenta atrás en el intento de salvar los escollos de las cuentas públicas para 2010 y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio Alonso, anunciaba en la tarde del martes la retirada de la enmienda acordada con IU-ICV sobre política fiscal, que suponía mayores impuestos para las rentas más altas.

La condición fijada por los socialistas pasaba por el apoyo del citado grupo al techo de gasto que debía votarse el jueves en el Pleno de la Cámara. Pero al saber que IU-ICV se abstendría, los de Alonso se han echado atrás, aduciendo "una cuestión de coherencia elemental" porque no podrían respaldar una iniciativa que condicionaría los ingresos del Estado si no existen garantías sobre el límite del gasto. De modo que también los elogios del secretario general de la UGT, Cándido Méndez, a las medidas de "progresividad" fiscal, deberían quedar en suspenso hasta mejor ocasión.

Miguel Ángel Aguilar. Periodista