Progresividad no significa discriminación
El Gobierno, a través del Grupo Socialista en el Congreso, negoció ayer con IU una propuesta fiscal -que retiró a última hora de la tarde- para subir los impuestos a las rentas más altas. La reforma pretendía, según el texto que manejaron, el sostenimiento de las finanzas públicas y se inspira en la necesidad de una mayor progresividad. Sin embargo, progresividad no debería implicar un trato discriminatorio entre "ricos y pobres", como se trasluce del espíritu negociado entre ambos grupos políticos, entre otras cosas, porque tal concepto está implícito en la tarifa. En todo caso, el PSOE dio marcha atrás a la proposición, aunque con toda seguridad el debate se reproducirá durante el trámite presupuestario en otoño, y la estructura de las deducciones y bonificaciones en el IRPF no será igual desde enero.
Los Gobiernos tienen la potestad de optar por un modelo fiscal acorde con su ideología. Es parte del juego político y los éxitos electorales; pero la tributación no debe utilizarse con fines demagógicos. La progresividad, que implica que paguen más los que más tienen, es un principio reconocido, pero también que no se puede discriminar a ningún ciudadano en función de su renta a la hora de acceder a los servicios públicos o a los beneficios fiscales.
Y todo apunta a que el Gobierno está escorándose peligrosamente en este sentido. Quizá le mueva la necesidad de contar con el apoyo parlamentario de los grupos de izquierda para aprobar los Presupuestos de 2010, o quizá aspira a un modelo fiscal con tramos muy diferenciados en función de la renta de los contribuyentes. Sea como fuese, las deducciones nunca deben utilizarse con fines electorales. Cierto que pueden servir para favorecer a las rentas más desprotegidas, pero debería limitarse a las minorías con claros problemas económicos. La rebaja de los 400 euros y el cheque-bebé son dos ejemplos paradigmáticos. Podrían mantenerse, o incluso aumentarse, para determinados colectivos con necesidades reales de renta; pero si se opta por suprimirlos, cosa que debería hacer el Gobierno, no sería bueno discriminar a unos frente a otros con límites de renta establecidos con criterios políticos subjetivos.
Además, la reforma fiscal que pueda plantearse en estos momentos debe inspirarse en la recomposición de los recursos públicos para cofinanciar con una base coherente los gastos extraordinarios de la crisis, pero huyendo de los apriorismos ideológicos. El Gobierno ya ha reconocido que el próximo año el déficit alcanzará el 10% y que la deuda sumará un 60% del PIB. Son cifras lo suficientemente llamativas para que se empiece a tomar medidas tendentes a corregirlo más pronto que tarde. Aunque va a ser imposible no acudir a la deuda para cubrir parte del desfase fiscal, es evidente que hay que ajustar el gasto en muchas partidas, por doloroso que sea. No queda otra que aumentar la recaudación, y eso implica sacrificios que deben ser compartidos, pero con razonable reparto proporcional.