EDITORIAL

Un ejercicio de realismo para combatir la crisis

El tándem Salgado-Campa ha convencido al Gobierno para que haga un ejercicio de realismo y admita qué está pasando con la economía, qué coste va a tener soportar la crisis y qué esfuerzos tributarios hay que hacer para financiarlo. Un mes antes del tradicional ajuste de las proyecciones macroeconómicas de verano, el que suele utilizarse para enmarcar los Presupuestos del ejercicio siguiente, la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, y su secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, han dibujado un desempeño de la economía más sombrío de lo admitido hasta ahora, reconociendo que la crisis económica es más severa y más prolongada de lo estimado.

La riqueza generada este año por los españoles caerá un 3,6%, y se contraerá un 0,3% adicional en 2010, para comenzar a repuntar la producción ya en 2011 y 2012. La recesión, por tanto, no dará tregua hasta dentro de seis trimestres, y para entonces los registros del mercado de trabajo arrojarán un balance de cerca del 20% de los activos en desempleo. De cómo se comporte la población activa, que ha atenuado su avance por la llegada más modesta de inmigrantes, dependerá que la barrera de los cinco millones de parados se sobrepase o no. El Gobierno, o al menos su vicepresidenta segunda, sigue descartándolo.

Con este escenario, las partidas de ingresos y gastos del Estado están muy condicionadas. Aunque ayer el Gobierno sólo desveló las primeras pistas del Presupuesto venidero, reconoció un sobregasto de cerca de 20.000 millones de euros en el vigente, para hacer frente a los compromisos del Estado, garantizados por la ley, con los desempleados. Además, Hacienda aflora pequeñas partidas de gasto para dar cumplimiento a algunos de los últimos compromisos del Gobierno, sobre todo en educación.

Con este sobrecoste, el Estado registrará este año un saldo fiscal negativo del 8,1%, lo que podría llevar el desequilibrio fiscal general cerca del 10%, un desagradable récord histórico. El escenario para los ejercicios siguientes no es mucho mejor, con un déficit fiscal agregado en 2010 del 7,9%, que sólo entraría en razón en 2012: descendería hasta el 3% que Bruselas exige para dar cumplimiento a la estabilidad presupuestaria, aunque el ritmo de descenso del desajuste entre ingresos y pagos se antoja muy acelerado y de difícil cumplimiento, a no ser que la recuperación económica sea consistente desde 2011.

Para ello el Gobierno debe hacer más cosas que las anunciadas hasta ahora, y disponer de la dosis de providencia que supone que la economía internacional flexione al alza de forma consistente más pronto que tarde. El viernes dio un empujón definitivo a la directiva de servicios, que remueve hasta 47 normas y que pretende liberalizar el funcionamiento de infinidad de actividades muy intensivas en empleo, y en los que se desenvuelven sobre todo las pymes. Pero no es suficiente. La gravedad de la recesión y el hecho de que las economías que más directamente compiten con la española reformen sus estructuras cada día para no perder un ápice de competitividad, obliga a los administradores públicos a asumir más riesgos con las reformas de los mercados de bienes, servicios y factores. La educación precisa de un cambio en contenidos y nivel de exigencia, y no puede solventarse con el formalismo de un ordenador portátil a cada alumno. La energía necesita un escenario claro de generación a precios competitivos y menos dependiente de decisiones externas. Las relaciones industriales exigen un grado más de flexibilidad que acompase los costes a la productividad y desempeño de cada trabajador. Y la fiscalidad debe acoplarse como un guante a las necesidades de la economía para lograr el crecimiento potencial máximo que devuelva a España a niveles de ocupación previos a la crisis.

La fiscalidad ha de desempeñar un papel que no jugaba desde hace años, y el viernes el Gobierno enseñó el camino, que será soportar los incrementos de gasto generados por la crisis. Además de las subidas de las accisas de hidrocarburos y tabaco, el Gobierno debe optar si en los próximos años quiere financiar el gasto emitiendo deuda continuamente, o subiendo los impuestos. Los volúmenes de deuda estimados devengarán un coste financiero mucho más elevado que ahora, y drenarán ahorro del sector privado para costearlo, reduciendo las posibilidades de la inversión. Por ello, el Gobierno debe acompañar a las reformas antes citadas, un plan creíble para volver al equilibrio fiscal lo antes posible.