Las pequeñas eléctricas podrían comercializar a tarifa en dos años
Las pequeñas eléctricas podrían ser incluidas en la lista de comercializadores de último recurso en dos años si demuestran su solvencia. Industria, que está intentando conjurar los riesgos de la nueva TUR y el bono social, asegura haberlas excluido "para evitar suspensiones de pagos".
Las 300 distribuidoras de pequeño tamaño, que, a partir del 1 de julio, se quedarán sin sus clientes por haber sido excluidas de la lista de comercializadores de último recurso (sólo están en ella las cinco grandes eléctricas) podrían ser incluidas en el plazo de dos años. Para ello, según fuentes de Industria, deberán demostrar solvencia financiera y capacidad para contratar en las subastas de energía con cierto margen, que evite que puedan acabar en suspensión de pagos.
El nuevo sistema de tarifas de último recurso (TUR), que entra en vigor ese día, responde a la prohibición de la CE de que las distribuidoras compren o vendan energía (sólo podrán dedicarse al negocio regulado de las redes) y de que el coste de la energía pueda ser objeto de liquidación. Esto hará que, de la actual tarifa integral, desaparezca el término energía y sobreviva sólo el peaje (o tarifa de acceso a las redes).
Además, la UE obliga a eliminar cualquier tarifa para potencias superiores a 10 kW, pero admite "un servicio público" para los que estén por debajo. Dicho servicio se traduce en la citada TUR, que disfrutarán casi 25 millones de los que quedan en baja tensión y quedarán excluidos 1,2 millones. Teniendo en cuenta que la TUR será aditiva (recogerá todos los costes) y se establecerá a partir de los mercados a plazos, esta actividad implica un riesgo. Por ello, añaden las mismas fuentes, el ministerio ha considerado "un deber de responsabilidad" excluir de la lista a las propietarias de las pequeñas distribuidoras, ya que considera que sólo las grandes pueden asumir el riesgo. "Hemos atado todos los cabos y hemos sido protectores", subrayan.
No obstante, esas compañías, que sí podrán comercializar en el mercado libre al margen de la tarifa, podrían ser incluidas, a través de un real decreto, en dicha lista en un par de años, "cuando demuestren su solvencia". Probablemente, las más grandes de las pequeñas.
¿Por qué si el nuevo modelo implica la liberalización del mercado permite una tarifa paraguas para casi 25 millones de clientes? En opinión del ministerio, "no se trata de proteger a los domésticos de la libre competencia en alusión a que las ofertas en el mercado pueden competir con la tarifa, sino de evitarles la complicación de tener que negociar con las comercializadoras independientes y que no se les moleste".
Industria considera que el cambio de modelo no debería provocar problemas, pues la TUR para el gas natural (que sólo afecta a seis millones) entró en vigor hace un año "y todo salió bien". Sin embargo, en este caso, se suman dos medidas: por un lado, la aplicación de un bono social de nueva creación y, por otro, la exclusión de los clientes que superan los 10 kW, en su mayoría pymes.
En este último caso, si éstos no contratan en el mercado antes de julio, tendrán un periodo transitorio de adaptación, con un precio (equivalente a la actual tarifa) que tendrá una subida trimestral disuasoria del 5% hasta abril de 2010. Para evitar que, llegado ese momento, se queden sin suministro, Industria pretende que, a partir de entonces contraten una TUR con un recargo del 20%.
Pero la verdadera complicación estará en el bono social que, a partir de julio, las eléctricas deberán aplicar, para las primeras viviendas, a quienes tengan una potencia inferior a 3 kW (en este caso, se hará de forma automática); a las familias numerosas; a los perceptores de pensiones mínimas mayores de 60 años y a las familias con todos sus miembros en paro.
Según adelantó el lunes CincoDías, estos tres colectivos deberán solicitarlo a su empresa distribuidora, aportando el certificado correspondiente de la Seguridad Social, del INEM, de empadronamiento, etc. El bono se renovará en dos años y el cliente debe renunciar a él si deja de reunir las condiciones que le dan derecho a él. En caso de fraude, tendrán un recargo del 10% en la tarifa.
Miles de clientes recibirán el bono sin derecho a él
El real decreto ley que fija el bono social obliga a las eléctricas a aplicarlo de forma automática a la vivienda habitual de los consumidores que tengan una potencia contratada inferior a 3 kW, que Industria calcula en cuatro millones.Sin embargo, en España aún subsiste, según el ministerio, un millón de puntos de suministro que no cuentan con el llamado interruptor de control de potencia (ICP), pese a la obligación de las empresas de instalarlos. Esta situación implica que muchos de estos consumidores tengan una potencia contratada inferior a 3 kW y, al carecer de dicho interruptor (los antiguos plomos), consuman energía sin límite.El resultado es que muchos de ellos, con consumos similares a otros con potencias superiores, se van a beneficiar del bono social a partir de julio. Con el agravante de que las eléctricas tampoco tienen actualizados los datos para discernir cuál de las viviendas del cliente es la habitual.En Industria señalan que "son errores estadísticos que hay que asumir cuando se quiere aplicar medidas que beneficien a colectivos sociales". Según la norma, el bono social lo financiarán una docena de empresas generadoras, principalmente Endesa e Iberdrola, y se va a traducir en una congelación de la tarifa actual. Las subidas, por tanto, las asumirán exclusivamente los que no tienen derecho al bono. Así, en el hipotético caso de que no se subiese la tarifa en julio, habría bonificados sin bono hasta la próxima revisión de enero.La cuestión se complicará, además, cuando se apruebe en los próximos meses el reglamento de la ley, pues con éste se cambiará el modo de aplicación: ya no se hará por colectivos, sino por renta per cápita familiar. Esto podría excluir a muchos de los que lo hayan recibido en julio, como algunas familias numerosas.
Revisión semestral
La tarifa de último recurso se revisará, de momento, semestralmente, frente a la actual revisión trimestral. Se desconoce qué ocurrirá con la TUR que entra en vigor el 1 de julio, si bien, Industria debe fijarla teniendo en cuenta los mercado a plazos.