Indiana para el ritmo de Detroit
El único poder de Washington que aún no había tenido oportunidad de manifestarse sobre la crisis de Detroit era el Tribunal Supremo. Y ahora que lo ha hecho, todo lo que ha pasado antes por manos del Ejecutivo, el Legislativo y otras instancias judiciales pende de un hilo. La incertidumbre crece.
El lunes, la juez Ruth Bader Ginsburg decidió, apenas un par de minutos antes de que el lunes se cerrara automáticamente la venta de Chrysler a Fiat, parar temporalmente el último paso que permitiría salir a la marca estadounidense del concurso de acreedores. La juez no entró en el fondo del asunto pero aceptó tomarse más tiempo para estudiar los méritos de una petición presentada el domingo por fondos de pensiones de profesores y policías de Indiana. Estos creen que el pacto intermediado por el Gobierno con los bonistas, previo al concurso, vulneraba el orden de prelación de acreedores establecido en la ley de quiebras en detrimento de quienes tienen deuda asegurada como ellos.
Estos fondos, acreedores de 42,5 millones de dólares de una deuda total de 6.900 millones de dólares, tienen además una reclamación con fondo político: creen que el Gobierno no debería haber usado el TARP, el plan de ayuda a la banca, para echar un cable a Chrysler y a General Motors.
La foto de situación presenta una situación casi numantina y, a priori, poco práctica de los fondos de pensiones públicos de este Estado con gobernador republicano. El congresista de Michigan, Gary Peters, ha recordado a este estado que la caída o liquidación de Chrysler (que es la opción que le queda a la empresa si no se vende a Fiat) les puede costar 20 millones en ingresos fiscales y decenas de millones más en otros costes relacionados además de poner en la calle a 4.000 ciudadanos de Indiana que trabajan para Chrysler.
Y todo por 4,8 millones de dólares de pérdidas para unos fondos que, usando técnicas de riesgo más propias de un hedge fund, compraron la deuda por 43 centavos cada dólar en julio de 2008 (fecha en la que Chrysler ya andaba sobre el filo de la navaja). Ahora se niegan a un canje que les daría 29 centavos por dólar.
Pero no todo es el dinero. También importa el precedente y las implicaciones van más allá de Chrysler. De hecho, se ensombrece el proceso de concurso de GM que se sustancia de forma similar al de esta pequeña marca y se planta cara a un Gobierno que está interviniendo como pocos en la economía de un país poco acostumbrado a recibir órdenes de Washington.
La juez Bader solamente aceptó el lunes tomarse más tiempo para decidir si estudia el asunto o no. Puede hacerlo ella sola o plantearlo al pleno del Tribunal. En ese caso, e independientemente de su decisión, el proceso se alargaría y se echaría por tierra el esfuerzo hecho para sacar a Chrysler del concurso rápidamente y evitar así la desconfianza ante el futuro de esta firma. Ayer, Fiat, que tiene derecho a abandonar la compra tras el 15 de junio, dijo por la mañana que se comprometía con la compra independientemente de la fecha, lo que daría tiempo al Supremo, pero por la tarde lo contrario, según la cadena CNBC.
La revuelta de los pequeños acreedores, a los que Barack Obama llamó especuladores, continua. La bandera de esta la lleva, curiosamente, un fondo público.