Garoña debe seguir si es segura
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene hasta medianoche de hoy para anunciar si considera que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) es segura y, por tanto, puede continuar funcionando sin riesgos. Por evidente que parezca, el criterio del organismo puede zanjar de raíz el debate sobre la renovación o no de la autorización de explotación, que finaliza justo dentro de un mes. Se explica así que si el informe del CSN es negativo sea vinculante para el Gobierno, que tendría que clausurar la instalación. Si el dictamen es positivo, sin embargo, dejará al arbitrio del Ejecutivo la decisión sobre la continuidad de Garoña.
La planta, que pertenece al 50% a Endesa e Iberdrola, cumple dentro de dos años su vida útil, establecida por el fabricante del reactor en 40 años. Pero ahora ha de pasar su revisión periódica. Solventadas por el CSN las dudas sobre la seguridad, el Gobierno habrá de sopesar las consecuencias políticas de su decisión sobre una energía que tiene firmes adeptos y enconados detractores, en una polémica continua de marcado talante ideológico.
Es deseable que pesen más los componentes económico, de seguridad de suministro y de autonomía energética. Garoña ya ha amortizado la fuerte inversión y ahora es altamente rentable. No tiene sentido que el Gobierno se vea empujado por posiciones dogmáticas para aprobar la paralización inmediata. Es evidente que Garoña debe cumplir, al menos, su vida útil. Pero no debe descartarse la ampliación al periodo de diez años, si se demuestra que, como ha ocurrido desde 1971, puede seguir suministrando energía a la red de forma segura y eficiente.
Por coincidencias de calendario, y al contrario de lo que ocurrió con el inicio del desmantelamiento de la central de Zorita, la autorización de la renovación a Garoña se ha convertido en un test de la posición del Gobierno ante el futuro de la energía nuclear en España. Pocas veces los lobbies de uno u otro signo han estado tan activos. Pero una cosa es mantener una planta que es rentable y otra fomentar la instalación de nuevas centrales.
La continuidad de Garoña debe depender de la racionalidad del sistema energético, y realmente eso es lo que se echa de menos en el debate. Porque para comprender la decisión que adopte el Gobierno es primordial que aclare qué modelo energético pretende para las próximas décadas: el mix energético, el coste real del kilovatio para las empresas y los ciudadanos -sin déficit de tarifa-, sus planes sobre la dependencia energética y la garantía del suministro. Es una opción política respetable prescindir, por motivos ideológicos o medioambientales, de la producción nuclear. Pero, si es así, el Gobierno debe explicarla, argumentarla y, sobre todo, cuantificarla. Las energías renovables, una apuesta necesaria, no bastan hoy por hoy para asegurar el suministro y superar la grave dependencia energética de España, que está en una tasa superior al 80%.