El cuento chino de las cuentas públicas españolas

España terminará este año con un déficit en sus cuentas públicas del 8,6%, y en el 9,8% en 2010, según los cálculos de la Comisión Europea, y la deuda pública saltará hasta el 62,3% del PIB el año próximo. En Europa sólo Irlanda y Reino Unido han desviado su senda fiscal hasta estos extremos, pero por motivos apreciablemente diferentes a los españoles. En ambos casos han intervenido y costeado las crisis bancarias de sus países, con un coste descomunal que no se repetirá en ejercicios venideros. Pero el agujero fiscal español tiene su explicación en la fuerte caída de los ingresos, y en el avance de los gastos, pero sin ninguna partida coyuntural extraordinaria. ¿Cómo devolverá el Gobierno en 2011 el desequilibrio al 3%, tal como dice Salgado, y al equilibrio en 2012, tal como dice Zapatero?. Es técnicamente imposible, salvo que medie un brutal recorte de gasto y un brutal aumento de los impuestos.

El comisario europeo de Finanzas, el español Joaquín Almunia, advirtió el lunes en Madrid que en los próximos años habrá serias tensiones en los mercados de deuda para atender las necesidades de financiación de unos Estados que se han lanzado a voluminosas aventuras de gasto público para equilibrar sus economía con estímulos a la demanda privada. Lógicamente, toda la avalancha de gasto tiene que ser refinanciada a su vencimiento, puesto que los Estados no estarán en condiciones de recoger las velas y amortizar las emisiones. Por tanto, el volúmen de papel emitido por los Tesoros de los países de la Unión Europea, así como por el de Estados Unidos, será muy abultado en los próximos años.

El gasto público terminan financiándolo siempre los ciudadanos, la economía. Si los Gobiernos optan por costear el incremento del gasto con impuestos, son los contribuyentes presentes quienes los soportan. Pero si, como han hecho en este caso todos los países, el gasto se cubre con recurso a la deuda pública, lo costean las generaciones futuras sin tardar muchos años. El gasto público desmesurado presiona al alza a los tipos de interés, que se convertirán también en referencia para la financiación del sector privado, con el sobrecoste para la financiación de los proyectos de inversión de la iniciativa privada. Además, la financiación del sector público, como ha ocurrido en el pasado, detraerá recursos del sector privado y limitará el crecimiento económico, como también ha ocurrido en España en el pasado.

Pero hay un segundo impuesto que abonarán los ciudadanos para financiar el gasto público, más indoloro pero más dañino: la inflación. El gasto público ha sido siempre el mayor activador de inflación y en este caso no será diferente. Además, funcionará como multiplicador de los propios tipos de interés, ya que los bancos centrales estarán obligados a endurecer las condiciones monetarias para frenar el avance de la inflación. Ahora es compatible una avalancha desconocida de gasto público con tipos bajos e inflación bajo control porque hay una crisis de demanda descomunal que condiciona todas las políticas: las fiscales, las monetarias y la determinación de precios y costes.

Pero el caso español merece una atención especial. Sin crisis en el sistema financiero, o al menos sin problemas que hayan costado recursos públicos, el déficit fiscal de España puede acercarse este año al 10% y superarlo en 2010, según algunos analistas macroeconómicos (Funcvas habña de un déficit en 2010 del 11,5% y una deuda del 66,5%). Por tanto, la naturaleza del desequilibrio es bien diferente: aumento de gasto para estimular la demanda, además del avance de los estabilizadores automáticos como el desempleo, y una brutal caída de los ingresos impositivos, tal como demuestran los datos que acaba de hacer públicios la Intervención General del Estado.

Con esta perfil del presupestos público de ingresos y pagos, y con una deuda que sobreepasará el 65% en 2010 y elevará notablemente los gastos financieros del Estado, no hay ser humano capaz de reducir el déficit al 3% en 2011, y menos de llegar al equilibrio en 2012. Se precisa un crecimiento de más del 3% durante varios años, no menos de media docena, para llegar de nuevo al equilibrio fiscal. En caso contrario, no queda otra que una brutal subida de impuestos o un brutal recorte de los gastos públicos en un sólo ejercicio. Pero la economía española no soportaría ni una cosa ni la otra.