Garantía de financiación para las VPO
Numerosos alcaldes se han quedado compuestos y sin compradores a la hora de repartir los pisos de sus promociones de VPO. Y no por falta de adjudicatarios, sino porque éstos no consiguen financiación. Incluso se han dado casos de que más del 90% de los pisos no pudieron ser adquiridos por este motivo.
El Gobierno ha visto así peligrar uno de los pilares para recuperar el sector inmobiliario -articulado a través de su nuevo Plan de Vivienda 2009-2012-, pues su pretensión es dar salida a parte del stock de casi un millón de viviendas que hay sin vender reconvirtiéndolas en VPO. Numerosas inmobiliarias se han avenido a bajar precios y someterse a las condiciones para poder incluir sus promociones como vivienda protegida. Sin embargo, se han encontrado con el grifo del crédito cerrado para el sector en muchas entidades. Además, a este tipo de vivienda acceden familias con rentas limitadas, pues no pueden superar los 48.000 euros brutos anuales, lo que en esta dura crisis puede suponer un hándicap financiero añadido.
Para compensar este plus de riesgo, el Gobierno ha optado por avalar la mitad del crédito a los adjudicatarios de una VPO. A tal fin, el ICO dispondrá de 6.000 millones de euros para lo que resta de este año y el próximo, aunque el coste recaerá sobre el presupuesto del Ministerio de Vivienda. Es una solución afortunada que contribuirá positivamente en una doble dirección. Primero, permitirá a muchos ciudadanos acceder a una vivienda, algo que se ha hecho aún más difícil por la sequía financiera. Y segundo, generará actividad en el sector inmobiliario, pero también en el financiero. La limitación del riesgo a la mitad del crédito será, sin duda, un agente catalizador para que bancos y cajas agilicen el crédito.
Es, por otra parte, acertado que la medida tenga un límite temporal. Se trata, obviamente, de una excepción sobradamente justificada en un momento excepcional. Por ello no debe eternizarse en el tiempo, ni tampoco avalar la vida completa del crédito. No hay razón para que los adjudicatarios disfruten sine díe de un aval público del que carecen otros ciudadanos.
La solución de limitar el plazo a los cuatro o a los seis primeros años de vida de la hipoteca es una fórmula acertada, sobre todo porque los primeros ejercicios son los más delicados, ya que acumulan mayor morosidad. Parece lógico que, a partir de ese plazo, las familias asuman la obligación de devolver sus créditos sin contar con el apoyo público. Hoy se puede justificar esta sobreprotección, pero no cuando la economía se recupere. Y también es razonable que las entidades financieras recuperen cierto riesgo, un factor inherente a su actividad. En este sentido, el Ministerio de Vivienda acierta al primar a aquellas entidades que acrediten mayor compromiso con los planes de VPO, discriminando positivamente a las que más crédito concedan. A cambio, gozarán de mayor protección.