Otra oportunidad de pacto desperdiciada

El debate del estado de la nación se cierra con la amarga sensación de que se ha frustrado una oportunidad de oro para haber alcanzado acuerdos de calado. A cambio, se ha limitado al menudeo político. La grave crisis económica exigía una amplitud de miras del Gobierno y de la oposición para haber sentado las bases de un gran pacto de Estado que hubiese establecido los pilares de un nuevo modelo económico y productivo en España. Desde el estallido de la crisis, e incluso antes, se ha asentado la tesis de que el sector inmobiliario no puede continuar siendo el sustento del crecimiento del PIB y de la creación de empleo en España. Incluso lo reconoció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su primer discurso del 12 de mayo. Para evitar una destrucción de ocupación como la actual es imprescindible fomentar otras actividades amparadas en la innovación y la productividad, que ocupen mano de obra cualificada y que puedan competir internacionalmente en mercados ajenos a festivales de demanda coyunturales.

Pero esa nueva economía no surgirá de la noche a la mañana y, desde luego, se precisará mucho más que una ley. Pasarán muchos años y se necesitarán numerosos cambios legislativos y culturales. Por eso, sólo un gran acuerdo -similar al alcanzado con el Pacto de Toledo en materia de pensiones- entre los dos partidos que en buena lógica se turnarán en el poder en la próxima década aseguraría la suficiente estabilidad y seguridad jurídica para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, nada de eso se ha plasmado, ni siquiera discutido, en el debate del estado de la nación que se cerró ayer con la votación de las 90 resoluciones presentadas por los distintos grupos parlamentarios. El Gobierno parece haberse mostrado más preocupado por salir victorioso ante la opinión pública frente al Partido Popular que por avanzar en ese diálogo. Seguramente, la falta de voluntad del primer grupo de la oposición habría frustrado cualquier intento del presidente Zapatero en este sentido, pero su obligación habría sido dar pasos sinceros en favor de acuerdos consistentes.

Y la triste conclusión es que en el debate ha imperado la improvisación y la búsqueda de golpes de efecto por parte de todos los grupos, incluido el Ejecutivo. Al menos así se deduce del inmenso desconcierto que han provocado medidas como las ayudas directas para la compra de coches. Una reacción lógica si se tiene en cuenta que ni las comunidades autónomas ni los fabricantes ni los concesionarios estaban informados a pesar de que tienen que cofinanciar tres cuartas partes del plan. No obstante, ni unos ni otros deben torpedear una medida que podría ayudar a reactivar el sector como se ha demostrado en Alemania y Francia, e incluso en Navarra, pero que no debería pasar el umbral temporal como para convertirse en estructural.

La acertada supresión de la deducción fiscal por compra de vivienda a partir de 2011 ha sido, sin duda, la medida estrella de este debate, aunque en la resolución final no se incluyan detalles como el límite de renta con derecho a beneficio impositivo. De todas formas, no cabe duda de que contribuirá a ese cambio de modelo productivo y, sobre todo, a normalizar los precios en un mercado inmobiliario desbocado en el último decenio.

Sin embargo, probablemente la víctima más sangrante de este debate del estado de la nación haya sido una reforma laboral non nata que ha estado a punto de ver la luz. El PSOE se vio obligado a pactar el lunes por la noche con CiU un tímido compromiso para abordar cambios en la legislación del mercado de trabajo. Pero el grupo catalán se desayunaba al día siguiente con que los socialistas se desdecían de lo acordado y negaban toda posibilidad al pacto parlamentario en esta materia debido a la presión efectuada desde las organizaciones sindicales.

La negativa a avanzar en esta reforma sin el previo acuerdo de sindicatos y patronal supone de facto una cortapisa importante a legislar en una materia de vital importancia para salir de la crisis. El Gobierno debería haber sondeado hace ya meses a la oposición para acercar posiciones y conseguir una reforma pactada que cuente, como no puede ser de otra forma, con el respaldo de los agentes sociales, y que no suponga una imposición para nadie. Porque, en definitiva, la mejor forma de luchar contra el desempleo es remover los obstáculos a la creación de la ocupación.