Eliminar las trabas a la actividad
España tiene una asignatura pendiente que, pese a su trascendencia en la actividad económica, pasa desapercibida con demasiada facilidad. Se trata de algo tan elemental como la hospitalidad administrativa a las empresas extranjeras y a los trabajadores de estas. Se pueden ofrecer todo tipo de ayudas para captar inversiones, y es la política que con mayor o menor coordinación se ejerce tanto desde el Gobierno central como desde las comunidades autónomas. Sin embargo, cuando las empresas se encuentran con penalizaciones de orden fiscal ven un muro disuasorio a sus inversiones en el país. Si a esto se suma un trato tributario discriminatorio para los trabajadores no residentes -entre los que están los directivos, que a fin de cuentas son los que toman las decisiones-, el atractivo de España como objetivo inversor se hace más difuso. Y si a todo ello se unen trabas de tipo burocrático para las empresas o para la obtención de visados de residencia y trabajo para los directivos y sus familias, la cosa se complica aún más.
Consciente de la importancia de eliminar estas dificultades a la inversión, el Gobierno ya ha puesto en marcha diferentes medidas para eliminar los problemas burocráticos, tanto a las empresas como a sus trabajadores. Es un camino acertado que va a tener su continuidad con mejoras de los dos primeros aspectos fiscales citados.
Hacienda se prepara para mejorar sensiblemente el trato fiscal a los contribuyentes no residentes. Los beneficiados serán personas o empresas domiciliadas en otros Estados miembros de la UE, a los que la Hacienda española va a permitir declarar por su renta neta, en vez de bruta, como ocurre ahora.
En el ámbito de las empresas, las mejoras fiscales para no residentes que prepara la Agencia Tributaria permitirán realizar, por ejemplo, operaciones de arrendamiento que hasta ahora no se efectuaban por su elevado coste fiscal. A la espera del texto legal definitivo que recoja este adecuado cambio normativo, todo indica que se está en una buena vía y que las modificaciones que se introducirán servirán para aumentar la actividad económica entre España y el resto de socios de la UE.
Lo que resulta poco explicable es que hayan hecho falta meses de disputas con Bruselas para que la Hacienda española adoptase estas medidas. El Gobierno ha decidido dar este paso sólo después de las amenazas de la Comisión Europea, incluso de llevar el caso a los tribunales, por trato discriminatorio contrario a los tratados europeos.
Si España quiere un nuevo modelo de crecimiento, y en este debe tener mayor presencia el sector exterior, estará perdiendo el tiempo si no pone todas las facilidades a la actividad económica con otros países. Y si estas trabas, sean de tipo fiscal o no, se ponen precisamente en nuestros primeros mercados, el error es doble.