Una urgente reforma universitaria
Está convirtiéndose en una triste costumbre que, cuando de educación se trata, España no aguanta una comparación internacional. El fracaso escolar y la escasez clamorosa de conocimientos coloca a nuestros estudiantes a la cola de los países desarrollados. La semana pasada, la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que preside Ana Patricia Botín, presentó su informe 2008 sobre la educación superior. Y al igual que para los casos de la primaria y secundaria, el resultado es desalentador.
Numerosos parámetros del informe demuestran que la universidad española no cumple los niveles exigibles a una potencia económica mundial. Pero hay uno especialmente paradigmático: pocos, muy pocos extranjeros eligen España para cursar estudios universitarios. Así, sólo el 1,8% de los estudiantes de la universidad española viene de fuera, cuando la media de los países de la OCDE es del 8,5%. No debe extrañar si se tiene en cuenta que la tasa de los universitarios en paro en España es mayor que la de cualquier país del G-7 y que cuatro de cada diez doctores no realizan trabajos relacionados con sus estudios. Se trata de un despilfarro económico y humano que un país no se puede permitir en ninguna situación, pero mucho menos en medio de la recesión más dura desde la Gran Depresión.
Cada vez es más frecuente que en los recetarios para superar la crisis que los expertos están esbozando estos días se destaque la necesidad de reformar el sistema educativo en su conjunto. La situación descrita en el estudio de CYD, con unas tasas de abandono de alumnos universitarios del 50% o una media de más de seis años para realizar una carrera de cuatro, no es sólo achacable a una universidad ineficaz. Los alumnos salen de primaria y secundaria con una base insuficiente para afrontar con posibilidades de éxito una educación superior mínimamente exigente. La universidad es simplemente el último eslabón de una cadena herrumbrosa.
En los últimos lustros se han creado universidades cuya única justificación era la pretensión de las Administraciones autonómicas y locales de contar con facultades propias para que sus jóvenes no tuviesen que desplazarse. Es parte de una política diferenciadora que ha generado resultados nefastos. La calidad, con honrosas excepciones, ha quedado relegada en favor de la cantidad de plazas ofertadas, lo que ha dado lugar a paradojas como que ciertas asignaturas no han alcanzado el quórum mínimo de alumnos.
La educación exige de un gran acuerdo político, auspiciado por el Gobierno central y avalado por los autonómicos, que anteponga el bien de los estudiantes y garantice un modelo de calidad. La única forma de asegurar empresas competitivas e innovadoras en el futuro es disponer de trabajadores y emprendedores bien formados. Y es patente que España está hoy en desventaja.