Tribunales

El Constitucional paraliza la ley de Esperanza Aguirre para Caja Madrid

El Tribunal Constitucional acordó ayer admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno contra la ley de Esperanza Aguirre para Caja Madrid. Esta decisión paraliza su aplicación temporalmente. El Ejecutivo de la comunidad autónoma aseguró ayer que negociará con Zapatero para conseguir que la renovación de cargos en la caja se haga en plazo.

El proceso electoral en Caja Madrid se judicializa. El intento de la Asamblea de Madrid de modificar la ley regional de cajas de ahorros para restar poder a ciertos ayuntamientos y dificultar la reelección de Miguel Blesa como presidente de la entidad se ha topado con el Tribunal Constitucional (TC).

El máximo garante e intérprete de la Constitución Española de 1978 decidió ayer admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central el 30 de marzo, a través de la Abogacía del Estado, contra la reforma de la normativa autonómica de cajas, que tan sólo afecta a Caja Madrid.

La decisión del Alto Tribunal conlleva la suspensión cautelar de dicha legislación (en concreto, los artículos 12 y 28 de la Ley de la Asamblea de Madrid 3/2008, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas) por un plazo máximo de cinco meses.

La providencia de ayer del TC implica la imposibilidad de aplicar la nueva normativa al proceso de renovación de cargos en Caja Madrid.

El Ejecutivo regional, presidido por Esperanza Aguirre, aseguró ayer que acata la decisión del Alto Tribunal. Al mismo tiempo, anunció que va a entablar una negociación con el Gobierno central para tratar de soslayar los aspectos que hacen inconstitucional la ley madrileña de cajas, a ojos, tanto del Gabinete que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero, como de los del Consejo de Estado, que elaboró un dictamen señalando la falta de adecuación a la Carta Magna.

El principal objetivo del equipo de Aguirre con la apertura de negociaciones es conseguir un acuerdo que pueda ratificar el Parlamento autonómico y que permita que el proceso electoral iniciado en la entidad financiera pueda llevarse a cabo en plazo. Esto es, antes de septiembre.

La presidenta de la Comunidad de Madrid cuenta con un periodo de 15 días para recurrir la adopción de estas medidas cautelares.

La principal discrepancia en relación a la nueva normativa de cajas se refiere al reparto de poder en la asamblea de la misma. Con la ley Aguirre, el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por Alberto Ruiz-Gallardón, compañero de partido y tradicional adversario político de la dirigente popular, vería mermada notablemente su representación en el máximo órgano de gobierno de Caja Madrid.

Otros municipios, como Sevilla o Barcelona, también perderían poder con el nuevo reparto.

Los consejeros de la entidad financiera estudiarán los efectos de la admisión a trámite de este recurso en la próxima reunión del consejo, cuya fecha está pendiente de determinar.

Para el Gobierno central, 'la Ley autonómica impugnada altera frontalmente el modelo participativo establecido en la legislación estatal y lo vulnera de forma flagrante, subvirtiendo el principio básico de igualdad territorial y proporcionalidad'.

El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ya propuso a Aguirre abrir una negociación para reformar la ley regional de cajas.

Balón de oxígeno para Blesa y Gallardón

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de ayer de frenar la reforma de la ley regional de cajas supone un balón de oxígeno para Miguel Blesa y Alberto Ruiz-Gallardón. Para el primero, porque la nueva normativa hacía inviable su renovación como presidente de Caja Madrid. Para el segundo, porque la citada ley reducía significativamente su participación en la asamblea de la entidad. Fuentes de la caja explican que el departamento jurídico está preparando un informe sobre las consecuencias de la decisión del TC y que, tras presentarlo al consejo, este adoptará una postura al respecto.