Los autónomos, su estatuto y la crisis
Los trabajadores autónomos en los últimos años están muy presentes en la vida cotidiana. Se ha pasado de casi un desconocimiento total a que ciertas empresas dirijan sus campañas publicitarias específicamente a los autónomos. Qué es lo que ha pasado para este cambio. Fundamentalmente que se han llevado a cabo una serie de medidas de los poderes públicos dirigidas al fomento de la actividad emprendedora y por lo tanto al autoempleo, que han puesto en valor el trabajo autónomo.
La aprobación en el año 2007, por unanimidad de las Cortes Generales, del Estatuto del Trabajo Autónomo, ha permitido el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de este amplio conjunto de personas, de algo más de tres millones, que, además de crear su propio empleo, generan otros empleos y son creadores de riqueza. El estatuto permite superar la consideración de los autónomos como un colectivo disperso, debido a su heterogeneidad, para pasar a compartir inquietudes y demandas comunes en ámbitos como la protección social o el fomento de la actividad emprendedora.
Mediante el desarrollo del estatuto se ha mejorado el nivel de protección social de los autónomos, como es el caso de las prestaciones por incapacidad temporal o la maternidad y paternidad, que les asemeja a los derechos de los trabajadores asalariados, se ha posibilitado la contratación de familiares, y en concreto de hijos, beneficiándose de las medidas de fomento del empleo, vieja reivindicación de los autónomos, y recientemente se ha aprobado la regulación que mejora las condiciones de trabajo de los trabajadores autónomos que realicen prioritariamente su actividad para un único cliente.
Aún quedan por desarrollar diversas medidas de especial importancia, como el reconocimiento de la prestación por cese de actividad de los autónomos que se ven obligados a cerrar sus negocios debido a razones ajenas a su voluntad. Medidas que vienen dialogándose con las asociaciones de autónomos y con las organizaciones empresariales y sindicales.
Todo parecía ir bien en cuanto a considerar como objetivo fundamental el desarrollo del estatuto, pero en el último año ha surgido la crisis económica, y todo lo ha cambiado.
Una crisis financiera e inmobiliaria internacional que se ha extendido a toda la economía, al consumo y al empleo, y por tanto también afecta a los trabajadores autónomos. Nadie está fuera de sus efectos negativos, pero es necesario distinguir cuáles son, ya que parece como que la crisis fuera un gran nubarrón, que tapa todo lo que se venía haciendo en positivo y traslada la impresión de que nada se ha hecho y que está todo por hacer.
Es cierto que en el periodo de un año, medido desde marzo de 2008 a igual mes de 2009, el número de autónomos ha disminuido en 154.331, pero debe señalarse que esta disminución se concentra en actividades muy relacionadas con la crisis, como son las inmobiliarias y de consumo, cerca de 90.000 y 25.000 autónomos menos respectivamente.
Estos datos, aun siendo desfavorables, no deben ocultar que en el año 2008 cerca de 35.000 personas utilizaron su derecho a la prestación por desempleo para iniciar una actividad como trabajador autónomo, que en febrero del presente año algo más de 235.000 jóvenes y mujeres disfrutaban de reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social al haber iniciado una actividad como autónomos o que cerca de 12.000 mujeres han retornado a la actividad como trabajadoras autónomas después de un periodo de maternidad beneficiándose de la reducción de cotizaciones.
Un efecto que está produciendo esta crisis es la falta de liquidez relacionada con la restricción crediticia de las entidades financieras. Las medidas adoptadas por el Gobierno, haciendo que el ICO participe con importantes recursos económicos, corresponsabilizarse en un 50% con bancos y cajas para dar créditos a autónomos y pymes, con un montante total de 10.000 millones de euros, es una buena medida en la situación de crisis actual. Aunque es verdad que el ritmo de concesión de créditos no ha sido el deseado, debido a que fue recientemente aprobada y necesita de un tiempo para instrumentalizarse, durante los últimos días se empieza a ver un significativo incremento que permite esperar se satisfaga la demanda de liquidez.
Esta y otras medidas adoptadas por el Gobierno son necesarias para superar la actual de crisis, pero esta situación no debería ocultar lo mucho que se ha avanzado en los derechos de los trabajadores autónomos, ni desviarnos de seguir trabajando para desarrollar plenamente el Estatuto del Trabajo Autónomo y por lo tanto mejorar su nivel de protección social.
Juan José Barrera Cerezal. Director general de la economía social, del trabajo autónomo y de la responsabilidad social de las empresas