La gripe española y las cajas de ahorros
Se llamó gripe española a una pandemia de increíble gravedad que en 1918 mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. Una de las pandemias más letales de la historia de la humanidad, que apareció por primera vez en un condado de Kansas. Una enfermedad cuyo nombre ha quedado lamentablemente asociado para siempre a nuestro país, no por una especial virulencia de la misma entre nuestras fronteras, sino por un denodado empeño en la información más morbosa. Gracias a no participar en la Primera Guerra Mundial y la ausencia de censura, en nuestros periódicos abundaron los reportajes que nos hicieron merecedores de la atención mundial y de tan egregio sobrenombre para la posteridad.
La historia parece tozuda en repetirse de nuevo. Con otra enfermedad contagiosa, de nuevo originada al otro lado del Atlántico, reaparece el inalterable empeño en nadar contra corriente. Mientras los demás aplican terapias preventivas y curativas en esa pandemia que hoy ataca al sistema financiero internacional, aquí algunos cenáculos de opinión y determinados sectores se aplican con frenesí en amplificar sus efectos, inflando la estadística y proponiendo alborozados más bisturí que medicamento por vía intravenosa. Ya decían que España es diferente.
Ideas que antes se hubieran calificado como exageradas, impensables o radicales, hoy forman parte natural del paisaje internacional. Nacionalizaciones, intervenciones, rescates o regulaciones conforman el léxico imprescindible de las economías más avanzadas. Una situación intelectual imprevista, que ha provocado un significativo silencio de los sectores de opinión cuyas convicciones precisamente han provocado tanto desbarajuste.
En España, por el contrario, esos sectores no sólo no se moderan, sino que muestran sus afilados colmillos. A diferencia de los debates sobre capitalizaciones masivas del sistema financiero, cotidianos en los países de nuestro entorno económico, aquí algunos se empeñan en convertir esa necesidad general en un juego de desgaste, con unas consecuencias generales que pueden ser funestas.
Empieza a ser irracional tanta presión ambiental sobre las cajas de ahorros. En pocos días, tras meses de aguantar estoicamente un río de medias verdades, intoxicaciones y maledicencias, gracias a un recurso de inconstitucionalidad que afecta a un limitado porcentaje de representación en la asamblea de una gran caja, junto con la adopción de medidas excepcionales en otra cuyo peso supera por poco el 1% de todo el sistema financiero español, parece que ha estallado una tormenta sobre esa mitad del sistema.
Mientras se reacciona en todo el mundo a los excesos del mercado autorregulado con la intervención directa del sector público, aquí se criminaliza la representación de los intereses generales en el gobierno de estas entidades. A pesar de las actuales dificultades del sistema, algunos plantean la necesidad de reformas institucionales como la disminución del porcentaje de representación de los poderes públicos en las cajas. Como si ésa fuera la causa real de los problemas. Como si tal reforma fuera útil y urgente.
A la vista de tanta preocupación por el gobierno de las cajas, sorprende que esa reflexión no se extienda al gobierno de las empresas, de propiedad exclusiva de sus accionistas, que desde hace bastante tiempo vienen dando sonoros ejemplos de su elevado coste para el contribuyente. Sean bancos ya quebrados o esas miles de sociedades mercantiles que hoy se agolpan en los juzgados del mundo entero para ventilar sus desequilibrios patrimoniales.
Este debate empieza a resultar un tanto extraño. Un debate honesto sobre el sistema financiero que este país necesita para el futuro habría que hacerlo con transparencia y dando la cara. Hablando de los servicios financieros que nuestra economía requiere, de la vertebración financiera del territorio, del perfil de los usuarios, de los riesgos de exclusión financiera por la devastadora crisis actual, de la irrelevancia del tamaño y la propiedad en la calidad de los riesgos. O de cuánto empleo bancario habría que destruir gracias a los cierres masivos de oficinas. Incluso de esa aparente necesidad de modificar la naturaleza jurídica de las cajas, para convertirlas en escasas, grandes, poderosas, nacionales o regionales, incluso con suscriptores de productos con derechos políticos. Sería más fácil que alguien aclarara definitivamente a quién molestan y en qué quieren convertir las cajas de ahorros.
Sorprende que aquí y ahora, en un país con un Gobierno progresista, se defienda con tanta pasión más mercado y concentración, menos Estado e implicación con la economía del territorio. El mundo al revés. Han pasado pocos meses y muchas cosas en esta crisis. Pero mientras todos se preocupan por los perniciosos efectos de la debilidad de los poderes públicos en la regulación de los mercados, infestados de esas falsas y peligrosas virtudes del egoísmo individual, hoy, en España, algunos aspiran a recuperar para la posteridad el dudoso mérito del pasado. Esa gripe llamada española, pero nacida en América.
Antonio Claret García. Presidente de Caja Granada