La universidad responsable y el proceso de Bolonia
En su Misión de la universidad, José Ortega y Gasset nos dejó claro que toda reforma es siempre creación de nuevos usos, los cuales exigen preguntarse antes por y para qué existe, está ahí y tiene que estar la universidad. Una vertiente de la respuesta alude a la necesaria formación de buenos y cultos profesionales, entendiendo como tales aquellos que, además de ser competentes en una actividad, cuentan con una jerarquía de valores en su vida y un conjunto de convicciones acerca de la naturaleza del mundo y la organización de la convivencia ciudadana.
La otra vertiente de la respuesta apela al desarrollo de la ciencia, mediante la generación y difusión de nuevos conocimientos a través de la investigación, eje del esfuerzo de cuantos gustan de abordar lo problemático. Pues bien, en la actualidad, el desafío más urgente parece ser cómo lograr resituarse adecuadamente en ambas vertientes, para que la responsabilidad social de la universidad se articule en beneficio armonioso de sus varios grupos de interés.
Durante los últimos años, la cultura de la búsqueda de resultados inmediatos y el individualismo posesivo han impuesto la figura del profesional como proyecto autocomercializado y sujeto a la denominada teoría del sueño americano: presión psicológica por lograr el éxito económico personal e inmediato, sistemas de retribución generadores de incentivos perversos -donde se gana si las cosas van bien y también si van mal- y un entorno que todo lo justifica con tal de alcanzar ese éxito personal, aunque sea de modo por completo disociado del interés colectivo. Se ha olvidado a Marco Aurelio: 'Lo que no beneficia al enjambre, tampoco beneficia a la abeja' (Meditaciones, libro VI, 54). Por eso, hoy, desde la perspectiva de la responsabilidad social, una de las primeras misiones de la universidad estriba en proporcionar una formación capaz de asegurar que toda práctica profesional, sea en uno u otro ámbito, responda al ideal ético hipocrático: un compromiso por actuar siempre en beneficio del ser humano y no perjudicarlo.
Además, convendría tener muy presente que la universidad no ha de preparar sólo para el trabajo profesional en el marco de las empresas, como a veces parecen sugerir algunos discursos actuales. Junto al ejercicio libre de la actividad, existe un pujante tercer sector y sigue habiendo buenos profesionales con vocación hacia el servicio público en la Administración o la cooperación solidaria internacional. Incluso cabe poner en duda que la universidad haya de someter su formación a un único criterio: facilitar enseñanzas que fomenten la empleabilidad en el sistema productivo. ¿No es llevar demasiado lejos la vertiente profesionalizadora de la universidad, amén de una contradicción con sus orígenes o, por ejemplo, con los discursos sobre la universidad abierta a la adquisición de conocimientos en la tercera etapa de la vida? ¿No habrá de hacerse un hueco al mero interés por aprender, a la gratificante adquisición de saberes por sí mismos?
Por esto es ineludible que los poderes públicos y el conjunto de la sociedad presten su apoyo decidido a aquellas actividades universitarias que, a primera vista, no tienen una utilidad inmediata en la esfera económica, pero que aportan un valor social innegable. La aplicación de los criterios de mercado tiene su límite en el mantenimiento, protección y fomento de los bienes públicos o comunes, así como en la promoción del principio de igualdad de oportunidades.
Lo anterior nos lleva al núcleo de algunas de las inquietudes que, en diferentes ámbitos de la sociedad, está generando el modo en que a veces se entiende la adaptación a Bolonia y al Espacio Europeo de Educación Superior. Se desea una mayor vinculación entre la empresa y la universidad, tanto a efectos de la formación como en cuanto a la otra vertiente, la investigación y la transferencia de conocimientos al sector productivo. Es un objetivo razonable que exige articularlo correctamente.
Desde Alternativa Responsable consideramos:
- Que, con más precisión, habría de hablarse del enlace entre la universidad y todo tipo de organizaciones e instituciones sociales, sean privadas o públicas, lucrativas o no. Además, debería comprenderse que esa doble función de la universidad en relación con las empresas requiera una apropiada comprensión de la responsabilidad social que han de mantener tanto la primera como las segundas. Justamente, la adopción por ambas partes del modelo stakeholder o pluralista de organización facilitaría las cosas.
- La empresa puede encontrar en la universidad un socio-partícipe capaz de favorecer su desarrollo a largo plazo y la creación de bienestar de forma equitativa para sus diversos grupos de interés. Ahora bien, también ha de entender que la esencia de la universidad descansa en la búsqueda desinteresada de la verdad, con la consiguiente libertad académica y de investigación e independencia científica. Ser libre para poder llegar a la verdad en favor de toda la sociedad. El dicho de que quien paga, elige la canción expone el riesgo que se corre en algunos casos. De ahí el reconocimiento de la autonomía de las universidades en el artículo 27.10 de la Constitución española. Esa libertad exige protección institucional y recursos financieros suficientes, aportados en su caso por los poderes públicos, en especial en las universidades de ellos dependientes. Esto adquiere singular importancia en los campos de las humanidades y de las ciencias sociales, áreas con menor atractivo para aplicar criterios de mercado o donde mayor riesgo existe de influencia indebida en el contenido y orientación del conocimiento creado.
- La universidad ha de reforzar el compromiso efectivo con sus diversos grupos de interés, así como la rendición de cuentas ante las comunidades locales y el conjunto de la sociedad. Ese compromiso es más fácil de conseguir por cuanto las propias normas que regulan el gobierno de las universidades prevén ya un sistema de participación tanto interna como externa en la adopción de decisiones. Un sistema de gobierno participativo que ha de tener presente la búsqueda de la eficiencia económica y social, eludiendo la defensa de posibles intereses corporativos por encima del interés general.
A decir verdad, pocas entidades e instituciones públicas o privadas están hoy sujetas a procedimientos de evaluación objetiva y externa tan numerosos y complejos como las universidades. æpermil;stos afectan a sus titulaciones, servicios administrativos, profesorado, etcétera. El reto de futuro es diseñar mejores indicadores para reflejar los resultados sociales y medioambientales de las universidades, más allá de los ejes cuantificables o económicos de su actividad.
- La universidad ha de aplicar criterios de responsabilidad social a su propia gestión interna y a su labor formativa e investigadora, incorporando en los planes de estudios aspectos relativos a la ética y la responsabilidad social y ambiental, sin olvidarse de promover y lograr la efectiva vigencia del principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza superior y favoreciendo la inclusión educativa de colectivos con especiales necesidades.
- Finalmente, para avanzar en su responsabilidad social, la universidad ha de contar con el sólido apoyo del conjunto de la sociedad, compenetrándose con el pueblo y viviendo con él. El futuro de la universidad depende más del aire público en que flota que del aire académico dentro de sus muros.
Alternativa responsable. El grupo está integrado por:
Ramón Jáuregui, Juan José Almagro, Marta de la Cuesta, Javier Garilleti, Marcos González, Jordi Jaumá, José Ángel Moreno, José Miguel Rodríguez e Isabel Roser (www.alternativaresponsable.org)