El grupo Nozar 'no paga a Avalatransa porque no debe'
'El grupo Nozar no paga a Avalatransa no porque no pueda sino porque no debe', declaró ayer el abogado del grupo de la familia Nozaleda en la vista que tuvo lugar en el juzgado mercantil número tres de Madrid.
En la celebración de la vista, que continuará hoy, el grupo Nozar trata de defender su solvencia frente a la solicitud de concurso instada por la sociedad Avalatransa, que reclama una deuda de más de 311.000 euros. Y pretende demostrar que la deuda reclamada es inexistente.
Jesús Almoguera, del despacho Ashurst, abogado de Nozar, sugirió que la petición de concurso de Avalatransa es un chantaje de esta sociedad a su cliente. Según sus tesis Avalatransa solicitó el concurso justo cuando Nozar negociaba la venta de Colonial, inmobiliaria de la que llegó a ser su segundo mayor accionista, a un fondo árabe para interferir en las negociaciones y lograr algo a cambio de retirar dicha solicitud de concurso.
Los abogados de Nozar advirtieron que han interpuesto una querella contra Avalatransa que el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha aceptado a trámite por presunto contrato simulado, estafa procesal y delitos contra la Hacienda Pública.
Acuerdo con Reyal
Almoguera adelantó ayer una información cuya publicación aguarda el mercado todavía en la CNMV. Se trata de una deuda pendiente de Nozar con el grupo inmobiliario Reyal, de 70 millones de euros. La compañía de la familia Nozaleda se había comprometido con el grupo presidido por Rafael Santamaría al pago de esa deuda, correspondiente a operaciones de compraventa pasadas con acciones de Colonial, el pasado 31 de marzo. El abogado de Nozar aseguró durante la vista que su cliente y Reyal Urbis habían acordado firmar un acuerdo positivo tras Semana Santa.
Además reconoció la existencia de 'graves problemas económicos' en la compañía y señaló que en los últimos meses la deuda de la inmobiliaria ha pasado de 2.300 millones a menos de 700 millones de euros.
Prueba caligráfica
Avalatransa aportó un informe pericial que sostiene que se han falsificado documentos aportados por la inmobiliaria que certifican que se le han pagado los importes adeudados. El juez Pedro María Gómez aceptó el informe, aunque acordó que se practique una nueva prueba caligráfica alternativa.
El magistrado declinó como prueba aportada por la defensa de Avalatransa el valor de las participaciones de Nozar en las inmobiliarias cotizadas Aisa, Afirma y Colonial. Y decidió ordenar que diferentes registros de morosos y empresas de información comercial certifiquen que Nozar tenía impagos por valor de 116 millones cuando Avalatransa pidió que se declarara insolvente al grupo, el pasado noviembre.