Madrid acumula el 25% de la deuda financiera de todas las ciudades
La deuda de la ciudad de Madrid llega a 6.682 millones, un 25,5% del total de los más de 8.000 ayuntamientos. Le sigue, a distancia, Valencia y Barcelona. El endeudamiento global de los entes locales, 32.000 millones, supone una carga de 566 euros por habitante.
Por primera vez el Ministerio de Economía y Hacienda ha publicado el listado completo de la deuda financiera de todos los ayuntamientos de España a 31 de diciembre de 2008. Hasta ahora, el Banco de España sólo ofrecía datos desagregados de las grandes ciudades. No hay sorpresas, la ciudad de Madrid es, de largo, la más endeudada. La M-30 -la carretera de circunvalación- es la principal culpable.
Los datos son muy heterogéneos. Cuando se calcula la cifra de deuda por habitante aparecen casos curiosos. Así, Ochánduri (La Rioja) es, con mucha diferencia, el municipio con una mayor deuda per cápita, 9.810 euros por habitante. El reducido tamaño del pueblo (72 habitantes), cuyo Ayuntamiento sólo abre los martes y los jueves, distorsiona la cifra. Aun así, en España hay muchos pueblos tan pequeños o más que no presentan estos alarmantes números.
Entre las ciudades de más de 80.000 habitantes, Madrid lidera el ranking de endeudamiento per cápita. Cada madrileño debe 2.080 euros, le siguen Málaga, Reus (Tarragona) y Zaragoza con poco más de 1.000 euros por habitante. La media para el conjunto de municipios se sitúa en los 566 euros per cápita.
A pesar de la crisis y del deteriorado estado de las cuentas de los municipios, más de 3.000 ciudades pueden presumir no tener ni un euro en el apartado de deuda financiera. Dicho de otro modo, casi el 40% de los pueblos y ciudades de España no deben rendir cuentas con ninguna entidad bancaria. La mayoría de estos municipios sin deuda no superan los 1.000 habitantes por lo que sus posibilidades de inversión son reducidas. Santurtzi, con una población de 47.000 habitantes es la ciudad más grande que puede poner un cero en la casilla del 'debe'.
Para el conjunto de ayuntamientos, la deuda asciende a 26.128 millones de euros, un 8,8% más que hace un año. Una cifra que aumenta hasta los 32.000 millones si se tiene en cuenta las diputaciones y cabildos insulares. Supone el 2,9% del PIB. Desde el año 2001, el porcentaje de deuda respecto al PIB se ha mantenido siempre en una estable horquilla que va del 3% al 2,8%. Entre la deuda de las diputaciones, destacan las forales del País Vasco, que gozan de mayores competencias. La de Vizcaya mantenía una deuda a finales de 2008 de 578 millones.
El falso prodigio de Santander
De la marabunta de datos del informe hay uno que resalta. Santander, con 182.000 habitantes, es la única capital de provincia que mantiene su deuda viva a cero. Sin embargo, la concejal de Economía del Consistorio, Ana María González, aclaró que no existe tal prodigio y que todo se trata de un error, ya que Santander tiene una deuda de 120 millones de euros. 'Me han llamado del Ministerio disculpándose y advirtiéndome de que, probablemente, llamaría gente de la prensa. Claro que tenemos deuda, lo contrario significaría que no invertimos', defendió.
Avales del ICO por 5.000 millones
La deuda financiera no debe confundirse con la comercial, que es aquella que los ayuntamientos mantienen con sus proveedores. El ministerio de Economía cifra en unos 3.000 millones de euros la deuda de los municipios con las empresas. El Congreso y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) trabajan para terminar con el perjuicio que ocasiona que los ayuntamientos paguen tarde y mal. El retraso suele superar con creces los 60 días que se marca la Administración central como límite y no es extraño que los municipios paguen a 120 o 180 días. El presidente del ICO, Aurelio Martínez, aseguró ayer en el Congreso que su entidad está estudiando la fórmula que garantice el cobro de los avales que prestará a los ayuntamientos para que éstos salden sus deudas con las empresas. Lo que significa que se descarta transferir dinero directamente a los municipios. Martínez avanzó que la nueva línea de avales podría tener una dotación de entre 3.000 y 5.000 millones, aunque apuntó que la cuantía no es lo más importante, sino encontrar un marco jurídico adecuado.