Ecología de doble filo
El urbanismo español (suponiendo que exista tal cosa) ha recibido en el Parlamento europeo un tremendo, simbólico y merecido varapalo.
En un informe aprobado por abrumadora mayoría, los eurodiputados se hacen eco de las espeluznantes experiencias de miles de ciudadanos comunitarios que se consideran víctimas de las prácticas abusivas de una parte del sector inmobiliario (no sólo español sino también británico) y de algunas autoridades españolas.
El informe adolece de un exceso de pasión en la crítica y sus redactores parecen haber perdido en más de un punto el sentido de la proporción en cuanto a las competencias del Parlamento europeo y la soberanía de los Estados miembros de la UE.
Pero lo más preocupante es que el documento, partidario en teoría de un urbanismo medioambientamente sostenible, se decanta por una descarada comprensión hacia los compradores de propiedades ilegales, hasta el punto de que pide que, en algunos casos, no se les aplique la Ley de Costas de 1988.
Qué cabe esperar si incluso los supuestos defensores del litoral se alían con los infractores.
Foto: Adoquines junto a la Biblioteca Nacional, Bruselas (B. dM., 2008)