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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La economía exige un pacto de Estado

El Gobierno sufrió ayer un importante varapalo político en el Congreso. Se verá obligado a tramitar como proyecto de ley su paquete de medidas 'urgentes' para el mantenimiento y el fomento del empleo, lo que abre el texto legal a las enmiendas de los grupos parlamentarios y a un lento procedimiento, muy poco acorde con las perentorias necesidades que acucian al mercado laboral. El apoyo in extremis de CiU para que se convalidasen las medidas han sido, por tanto, un favor envenenado. El procedimiento va a crear así una incertidumbre muy poco deseable para quienes tengan que tomar decisiones de índole laboral, tanto empresarios como trabajadores. Porque las medidas han entrado en vigor y, por tanto, se permitirá que empresas y empleados se acojan a las ayudas aprobadas; pero, por otro lado, unas y otros han de asumir el riesgo de que sean modificadas, o incluso suprimidas, en los próximos meses. Porque de lo que no cabe duda es de que el texto del Ministerio de Trabajo sufrirá enmiendas. De hecho, ese es el objetivo perseguido por la oposición al forzar la tramitación como ley del texto.

Consideraciones políticas aparte, el revolcón parlamentario de ayer implica una merma de la efectividad del paquete de fomento del empleo. Aunque estas medidas no sean la panacea, sino sólo un plan coyuntural lejos de una reforma laboral de calado, están dirigidas a frenar el desbocado aumento del paro, un objetivo que nadie discutirá. En este sentido, la debilidad parlamentaria del Gobierno es una preocupante rémora para afrontar esta y otras reformas de no menor urgencia. Por ello, José Luis Rodríguez Zapatero debe encontrar fórmulas para que el juego político -especialmente el derivado de la toma del poder en el País Vasco por el PSOE con apoyo del PP, acordada ayer- no frene acciones imprescindibles para salir de la recesión.

Cobra así más fuerza la necesidad de un pacto de Estado que asegure las siempre pendientes reformas estructurales. Y no hay mucho tiempo. El presidente del Gobierno las ha anunciado para después de la Cumbre del G-20 del próximo jueves en Londres. Si no se abre ese camino, cuyo primer paso puede estar en este acuerdo de los dos grandes partidos en el País Vasco, de poco servirá apelar luego a responsabilidades de unos y otros.

En ese pacto deben estar también los agentes sociales. Por eso es imprescindible apretar también el paso en el estancado diálogo social. Ayer se detectaba por los pasillos del Congreso el temor a que el fracaso de la tramitación por vía de urgencia del paquete de choque para fomentar el empleo pueda demorar, aún más, las negociaciones entre sindicatos y empresarios. Es urgente abortar tal posibilidad, y para ello nada mejor que abrirse a ese gran pacto de Estado por la economía, cuya necesidad parece cada día mayor. A su favor tiene que se demanda insistentemente desde numerosos estamentos sociales.

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