Tarifa, ¿será de verdad de último recurso?
Desde CIDE hemos observado el proceso de tramitación del Real Decreto sobre la Tarifa de æscaron;ltimo Recurso (TUR) con bastante inquietud. Los diferentes borradores a los que hemos tenido acceso, excluyen como comercializadores de último recurso a los pequeños distribuidores quitándoles una de las funciones que han venido desempeñando durante décadas: suministrar energía a sus clientes.
Además, las empresas integradas en CIDE no tienen claro si están o no realmente interesadas en ser Comercializadores de æscaron;ltimo Recurso (CUR), al margen de la tarifa. Para poder tomar esta decisión, como en cualquier otro sector empresarial, deberían conocerse las reglas de juego en detalle. Sólo así se puede valorar y opinar sobre la tarifa de último recurso. Hasta ahora, en la actividad de distribución, las reglas relativas a los riesgos del desarrollo de la actividad de suministro estaban más o menos claras y tanto los ingresos como los costes derivados del ejercicio de esa actividad estaban regulados y eran razonablemente predecibles. El distribuidor siempre ha estado en condiciones de conocer cuál es el 'riesgo y ventura' que afronta en el ejercicio de su actividad. En cambio, con la actividad de último recurso no está claro ese 'riesgo y ventura', no se sabe cuáles serán estas reglas ni los riesgos del suministro.
Creemos que la norma debe definir con precisión el régimen jurídico al que van a estar sometidos los CUR: cómo y dónde van a adquirir energía; cómo se va a calcular el coste de adquisición de energía para fijar la TUR y qué ocurrirá si el precio final de adquisición es diferente al estimado; quién va a sufragar en última instancia el bono social; qué parámetros se van a considerar para fijar el coste de comercialización; etc.
A día de hoy existen numerosas incertidumbres con respecto a la compra de energía, y pueden llevar a riesgo la actividad. Deben establecerse las normas precisas para que las tarifas de último recurso sean aditivas (que incluya todos los costes) y suficientemente capaces para atender todos los costes relativos al uso de la red y demás conceptos que la integren. Asimismo, el precio debería estar fijado de forma correcta, para no competir con el precio de Mercado, y actualizar los precios de forma real siendo una tarifa ágil, aditiva y suficiente.
Pero, dado que las revisiones tarifarias de los últimos años tienden a no ajustar las tarifas a los costes reales de adquisición de energía, desde CIDE, nos preguntamos quién va a tener que soportar el riesgo inherente a que las tarifas que se fijen sean insuficientes para cubrir todos los costes que suponga para el comercializador el desarrollo de la actividad. La insuficiencia de tarifa de los últimos años ha generado un problema de déficit de más de 15.000 millones de euros. Así, la historia reciente apunta a pensar que esta nueva tarifa muy posiblemente tendrá implícito algún déficit que deberán soportar los comercializadores.
Pues bien, desde CIDE nos preguntamos: ¿el Gobierno quiere que los pequeños distribuidores no sean comercializadores de último recurso para evitar que se vean expuestos a dicho déficit? No pensamos que este sea el razonamiento del Gobierno, pues si las empresas que actúen como comercializadores de último recurso asumieran el déficit como pérdidas directas, estaríamos ante lo que se denomina dumping, es decir, vender por debajo de costes, que como es bien sabido no es legal.
Por lo tanto, asumiendo que el Gobierno no pretende fomentar prácticas no legales, desde CIDE nos preguntamos ¿cómo se va a compensar a los comercializadores de último recurso que eventualmente se encuentren en situaciones de déficit? Si finalmente hay una compensación a estos comercializadores, no es aceptable que el pequeño distribuidor no tenga derecho, al menos, a optar a ser comercializador de último recurso una vez que se conozcan las reglas del mismo. Si, por el contrario, se mantiene un modelo que conlleve implícita la práctica del dumping, ¿a quién acudirá el cliente si el suministrador de último recurso quiebra? Nosotros no lo sabemos. Lo que sí sabemos y quedará claro es que no era de último recurso.
Gerardo Cuerva. Presidente de la patronal de las pequeñas distribuidoras eléctricas (CIDE)