El presidente de Aisa declara el jueves acusado de fraude por un socio
Genís Marfà, presidente de Aisa, declara este jueves en Barcelona acusado de fraude por Grupo Mestre, accionista de la inmobiliaria con menos de un 5% del capital.
El presidente de la inmobiliaria Aisa, Genís Marfà, declara este jueves en el Juzgado de Instrucción número 13 acusado de fraude por Grupo Mestre, accionista de la compañía con menos del 5% del capital. Mestre realiza la mayoría de su actividad en Puerto de Barcelona, especializado en transporte, logística y manipulación de carga.
La denuncia se basa en gran parte en las valoraciones aportadas por la compañía sobre terrenos adquiridos en operaciones que este diario contó el pasado verano. En particular sobre la valoración realizada por CB Richard Ellis sobre terrenos adquiridos en Zaragoza.
El 9 de agosto de 2007 Aisa entregó a la CNMV una presentación sobre la compañía en la que daba cuenta al regulador del mercado del valor de sus activos. Entre ellos el de un terreno en Zaragoza, a nombre de su participada Interlaken 2003, de 8,9 millones de metros cuadrados. De esa superficie, según valoración de CB Richard Ellis, 1,8 millones de metros cuadrados eran descritos en dicha presentación como 'superficie construible' y calificados como 'residencial'.
CB Richard Ellis valoró en 620 millones terrenos en Zaragoza que un perito tasó en 31,8
La consultora valoraba esos metros cuadrados de suelo en 620 millones de euros. La inmobiliaria aseguraba que según esa valoración todos sus activos valían 1.225,7 millones, con lo que el valor del terreno de Zaragoza suponía más de la mitad de sus activos.
Sin embargo, según la documentación entregada al juzgado mercantil de Barcelona cuando el pasado año la aseguradora Asefa instó al concurso de Aisa, esos terrenos tienen la calificación de 'suelo no urbanizable protegido'. Y el perito encargado por la parte demandante valoró ese mismo terreno en 31,8 millones de euros. Aisa informó a la CNMV el pasado año que, como consecuencia de la nueva Ley del Suelo, que impide valorar terrenos por las expectativas de que tuviera de ser recalificado, ese mismo terreno de Zaragoza ya no valía 620 millones de euros, sino 220 millones. El pasado mes de enero Asega y Aisa llegaron a un acuerdo por el que la inmobiliaria pagó en activos el equivalente a la deuda que tenía con la aseguradora.
Damián Téllez, abogado del Grupo Mestre, considera que también será llamado a declarar en el proceso la consultora CB Richard Ellis y recuerda que la compra de esos terrenos en Zaragoza fue acordada por 24 millones.
Operación de Sant Guim
Otra de las operaciones denunciadas es la adquisición del polígono Sant Guim de Freixenet por Aisa. Según fuentes judiciales, la inmobiliaria catalana acordó la compra de ese polígono por 3,4 millones de euros y en sus cuentas incorporó como valor contable de la operación la cifra de 13 millones de euros.
Aisa fue suspendida de cotización desde que a mediados de 2008 fuera solicitado su entrada en concurso de acreedores. El auditor de sus cuentas, la consultora BDO, informó que dada 'la gran importancia de incertidumbres y limitaciones al alcance referidas a las cuentas del ejercicio 2007 no podía expresar una opinión sobre dichas cuentas.
Aisa informó la pasada semana que tenía demandas de entidades financieras y proveedores que reclaman el pago de 30,8 millones en total.
Operaciones con Nozar
Además de Genís Marfà, presidente de Aisa, Damián Téllez, abogado de Grupo Mestre, considera que también serán llamados a declarar representantes de CB Richard Ellis y del grupo Nozar. La compañía de la familia Nozaleda es accionista de Aisa, con más del 5%. Según un informe encargado por Aisa y presentado en el juzgado de Barcelona el año pasado, cuando se instó al concurso de acreedores de la inmobiliaria, Aisa debe a Nozar cerca de 115 millones. Pero Aisa ha logrado reducir esa deuda, hasta los 75,3 millones, rechazando la compra acordada de un inmueble a Nozar; esa negativa a comprar el edificio, en la calle Vergós, de Barcelona, supone una pérdida para Aisa de 6,7 millones, según consta en ese mismo informe. Esas operaciones que han supuesto pérdidas para la inmobiliaria, así como la supuesta investigación por parte de Hacienda de las mismas, serán señaladas por la defensa de Mestre en su demanda contra Marfà.