La Junta andaluza marca el camino
El Gobierno andaluz se comprometió a acelerar los pagos que ha contraído con miles de empresas. En cumplimiento de ello, este mes el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha saldado la deuda con sus proveedores farmacéuticos. Cerca de 2.000 sociedades han cobrado facturas por valor de 1.200 millones de euros, y quizá alguna de ellas ha esquivado el concurso de acreedores. El esfuerzo de la Junta de Andalucía es un buen ejemplo que deberían seguir el resto de las Administraciones españolas.
Desde numerosos foros se ha apuntado la contradicción que supone que el Gobierno de Zapatero busque fórmulas para dotar a la empresa de más liquidez mientras que muchos organismos públicos son malos pagadores. La actitud restrictiva de la banca puede haber metido en problemas a muchas empresas; pero algunas de las patronales cuyos asociados están directamente afectados por los retrasos públicos han confesado que si cobrasen a tiempo sus facturas con la Administración no necesitarían ventanilla bancaria.
El Gobierno estudia en estos momentos establecer un sistema que permita a los ayuntamientos liquidar sus compromisos utilizando los avales del ICO. Las críticas están justificadas al argüir que se premia a los malos gestores municipales frente a los que han mantenido una labor escrupulosa. Por tanto, sería razonable que se estableciese de forma pareja algún castigo para aquellas corporaciones más morosas.
Sea como fuera, la Administración debe terminar con su anacrónica costumbre de pagar con retraso. La vía utilizada por la Junta de Andalucía de acelerar los pagos es ejemplificadora en una situación tan delicada como la actual. Pero hay que ir más allá: los plazos reales de pago son excesivos en España, tanto en el sector privado como en el público y se debe terminar con esa lacra. Y la Administración debe dar ejemplo y aplicarse las sanciones con el mayor de los rigores.