Más protección a los protegidos y menos a los desprotegidos
El Ministerio de Trabajo ha elevado en cuatro meses el periodo de protección por desempleo a los trabajadores que pierdan su trabajo, siempre que previamente pasen por un periodo de regulación temporal tasado en un expediente colectivo. La medida no afecta a quienes acceden al desempleo de forma individual ni a los colectivos cuyo primer expediente sea ya de rescisión de sus contratos. Esta decisión, que no es definitiva pero que tienen prácticamente pactada el Gobierno y la UGT, es un incremento de protección para colectivos muy protegidos, cuando los recursos disponibles, que son escasos por el simple hecho de que las finanzas públicas están en déficit, deberían destinarse a atender las situaciones de auténtica necesidad, o, en su defecto, a políticas activas de empleo, y nunca pasivas.
Los sindicatos han logrado que en el sector del automóvil los periodos en regulación temporal de empleo no consuman la parte correspondiente del seguro de paro, y que sólo lo haga cuando el trabajador es despedido a todos los efectos. Así, los trabajadores de este sector, que ahora están en regulación en más de un 50% de sus efectivos, pueden disfrutar de protección por varios trimestres, y posteriormente los 24 meses que como máximo puede percibir todo asalariado que haya cotizado al menos seis años. Esta posibilidad es un privilegio que sólo pueden disfrutar los tabajadores del sector automovilístico, precisamente los que disponen de mayores remuneraciones como activos y los que tienen una red de grandes empresas detrás. Es una sobreprotección que ahora Trabajo quiere ampliar a todas las actividades siempre que los trabajadores pasen previamente por expedientes temporales de suspensión de empleo.
La decisión ya encontró resistencias en una parte de Comisiones Obreras, por entender que suponía un reforzamiento de la generosidad del sistema del seguro y subsidio, cuando centenares de miles de trabajadores no disponen de tal posibilidad por acceder al desempleo de forma individual, o simplemente no disponen de cobertura de paro por otras múltiples circunstancias. En la UGT se ha defendido siempre la necesidad de ampliar la cobertura, en términos genéricos.
El perfil de la crisis económica anticipa que los ajustes en el sector del automóvil, como en otros muchos sectores, no será coyuntural. La capacidad de producción de muchos sectores manufactureros se debe reducir notablemente para garantizar la supervivencia de las empresas, por cuanto buena parte de las plantillas están abocadas al despido definitivo. Las empresas, especialmente en los sectores muy sindicalizados y con resortes de financiación pública, retrasan el tiempo del ajuste artificialmente, para terminar reconociendo que sus balances deben reducirse.
Este tipo de prácticas únicamente eleva el coste del seguro de paro y absorbe recursos que serían mucho más útiles en protección a colectivos realmente desprotegidos y con cargas familires, o destinados a políticas activas de empleo. No hay que olvidar que, genéricamente, los parados quieren empleo, no protección. Aunque haya un sinfín de colectivos que se encuentren cómodos rotando entre empleo y desempleo remunerado. España gastó en 2008 24.000 millones de euros en protección por desempleo, y este año no bajará de 40.000 millones, casi la mitad de lo que gasta en pensiones. Son cifras inasumibles, y casi infinanciables. Mucha cautela, por tanto, antes de elevar la prestación de paro, y menos a colectivos altamente protegidos.