Armonización por la vía más larga

La Hacienda española ha decidido evitar problemas mayores con Bruselas y modificará su legislación fiscal para no discriminar a los fondos de pensiones no residentes -los que no están registrados en la CNMV- frente a los residentes -inscritos en España al margen de la nacionalidad de la gestora que los comercializa-. Es una decisión sensata que viene a paliar una anomalía que no sólo comete España, sino ocho países más. A todos les ha apercibido la Comisión Europea, bajo la advertencia de llevarlos ante el Tribunal de Luxemburgo si no remedian el error. La queja se da cuando un fondo de pensiones decide invertir en alguna empresa cotizada o domiciliada en España. Los dividendos o intereses que recibe por su inversión sufren una retención del 18%, mientras que un fondo de pensiones español, o extranjero pero registrado en España, está exento de tal retención.

La Comisión tiene que pelear para conseguir que el libre movimiento de capitales y la existencia de un mercado común, que ponga al alcance de las empresas comunitarias más de 450 millones de clientes, sean algo más que una ilusión. En la práctica existe una resistencia numantina por parte de todos los Estados, sin excepción, a armonizar muchas de sus políticas. La política fiscal es un claro ejemplo y los intentos de Bruselas son frenados cada vez que plantea acercamientos impositivos. Si no se produce una confluencia de las 27 legislaciones, y más especialmente de las 16 de la zona euro, será imposible que las empresas puedan beneficiarse de ese gran mercado.

En la Europa unida no se sostiene que cualquier fondo de pensiones de la UE sea penalizado si compra acciones españolas. Por tanto, y a pesar de que haya sido bajo amenaza, hay que celebrar que el Gobierno iguale el trato de los fondos no residentes a los de los residentes. Al final, aunque sea a base de sentencias se impondrá un mercado único real. Lástima que el camino elegido sea el más largo y penoso.